Recortes presupuestarios dificultan la promesa aún no cumplida de garantizar educación sexual en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA — A las 9 de la mañana, el aula de una escuela pública en esta capital parece un hormiguero, llena de estudiantes moviéndose por todos lados. Luego, algunos voluntarios les muestran a los adolescentes unos dibujos de los órganos reproductivos y unas fotos de métodos anticonceptivos.

Un chico toma la palabra: “A mí me da vergüenza comprar preservativos”, dice.

Las autoridades escolares dicen que estas discusiones son tan importantes que han trabajado para asegurarse de que sucedan, incluso en un momento en el que los fondos federales para la educación sexual están siendo recortados.

“Los contenidos fundamentales de la materia son la prevención del consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual y maltrato”, dice Emanuel Basille, el rector del Instituto Parroquial Santa María Madre del Pueblo, donde se organizó el taller. “Tratamos de darle importancia a la prevención de las enfermedades que están más instaladas en el barrio, como la tuberculosis y el VIH”.

La escuela de Basille depende de presentaciones de voluntarios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que ha organizado talleres sobre educación sexual por 15 años. El grupo es parte de un programa financiado por la universidad, llamado Ubanex, que se enfoca en salud sexual y reproductiva en poblaciones vulnerables. Es una de varias organizaciones que ofrecen talleres gratuitos como éste, usualmente organizados por miembros del personal que no reciben paga.

Sin estos voluntarios,  sería imposible impartir educación sexual en muchas escuelas públicas. Los recortes de presupuesto al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, o ESI, comenzaron en 2016, justo después de que el presidente Mauricio Macri asumiera su cargo a finales de 2015. Los recortes han hecho que haya menos entrenamientos para profesores y menos materiales para los estudiantes.

Por su parte, Mirta Marina, la coordinadora del programa de ESI, dice que el presupuesto del programa se ha incrementado debido a un acuerdo con Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el que buscan reducir las tasas de embarazo en adolescentes. De todas maneras, Marina acepta que incluso con este aumento, las vacantes para profesores en el programa de ESI se han reducido.

Cerca de 16.000 personas tomaron entrenamientos de ESI en 2015 y cerca de 6700 lo hicieron en 2016, dice Marina. En el primer trimestre de 2017, había alrededor de 4500 plazas disponibles y 7000 más podrían abrirse hacia el final de este año, pero esto no se ha confirmado todavía.

“La educación sexual integral es una política pública que hay que seguir manteniendo”, dice Marina.

Los detalles exactos de los recortes no están disponibles públicamente, pues el presupuesto nacional publicado no desglosa la financiación de este proyecto. En el caso del programa de ESI, esa falta de transparencia ha hecho que los profesores de educación sexual se cuestionen el número de docentes que podrá recibir capacitación en educación sexual.

Un ex empleado del programa, quien pidió permanecer anónimo por miedo a perder la oportunidad de quedarse con una plaza en el futuro, le dijo a GPJ que solo hubo 2000 plazas para profesores este año.

Los recortes de presupuesto van en contra de una ley de 2006, la Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que les garantiza a todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas el derecho a recibir educación sexual integral.

Según los lineamientos de la ley, la educación sexual debía ser implementada en todas las escuelas en el plazo de cuatro años. Pero ahora, 11 años después, una coalición de profesores, estudiantes, organizaciones sociales y otros actores, conocido como el Frente Popular por la Educación Sexual Integral, está denunciando que una falta de voluntad política ha impedido que la ley entre en plena vigencia. Y los miembros de la coalición dicen que, con los nuevos recortes de presupuesto, las posibilidades de que la ley cumpla su cometido son escasas.

“La ley no está muy difundida aún”, dice Carolina Brandariz, socióloga y profesora a cargo de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la Unión de Trabajadores de la Educación. “Hace más de diez años que se sancionó pero hay docentes y autoridades que todavía no comprenden su importancia”.

El gobierno ha publicado lineamientos sobre cómo implementar la educación sexual, pero a falta de entrenamiento apropiado para profesores y de materiales actualizados para usar, cada escuela debe decidir si ofrecer educación sexual y cómo hacerlo.

Además de los recortes presupuestarios, los activistas de la educación sexual temen que una ley para garantizar la libertad religiosa restrinja el acceso de los estudiantes a información sobre salud sexual y reproductiva. La ley, propuesta este año, les permitiría a los profesores excusarse de la instrucción del tema si está en contra de sus creencias religiosas.

“El riesgo es que la ley no se aplique como corresponde y se tergiversen los contenidos para imponer doctrinas, creencias morales propias por sobre una agenda y un conocimiento de derechos humanos”, dice Paola García Rey, una directora de Amnistía Internacional.

Por otra parte, cumplir la ley podría reducir el número de embarazos adolescentes en Argentina, dice Brandariz.

Entre 2005 y 2010, la tasa de nacimientos con madres adolescentes entre los 15 y los 19 años en Argentina era de 68 por cada 1000, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El promedio mundial era de 49 por cada 1000.

Mientras que los defensores de la educación sexual esperan más respuestas del gobierno, los voluntarios, incluyendo aquellos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, siguen ofreciendo talleres gratuitos para los estudiantes.

“Los chicos vienen con muchas dudas, hay muchos mitos alrededor del tema”, dice Carolina Entrocassi,  bioquímica y  directora del programa de educación sexual en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. “Parte del proyecto es ofrecer diagnóstico gratuito de enfermedades de transmisión sexual, hacemos prevención y acción reparadora”.

Los programas lo están haciendo por su cuenta, dice Entrocassi. El gobierno ya ni siquiera ofrece los materiales o el currículo básicos.

“Antes recibíamos materiales espontáneamente de nación”, dice Entrocassi. “Ahora no nos llega nada”.

Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.