Editorial Team
Publication Date
June 19, 2018
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
(De izquierda a derecha) Rosa Hernández, Blanca Monardi y Aide Polonier estuvieron cada una hospitalizadas por más de 10 años en un hospital psiquiátrico de la Provincia de Buenos Aires. Ahora viven juntas, con Mónica y Susana (no aparece en la foto), en una casa en Temperley, un area en Lomas de Zamora, uno de los partidos de la Provincia.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA — Una capa gruesa de polvo, moho y heces cubre la taza de un inodoro que alguna vez fue de un blanco brillante, mientras moscas vuelan encima. No hay papel higiénico o agua para limpiar la suciedad, ni brisa para alejar el apestoso olor que llena el cubículo al aire libre que es compartido por 20 mujeres. Los inodoros viejos y sucios son comunes en hospitales psiquiátricos en la provincia de Buenos Aires. Las habitaciones son iguales.
Rosa Hernández pasó la mayoría de su vida adulta en uno de estos hospitales psiquiátricos, aturdida. Hernández, de 49 años, dice que ya han pasado 14 años desde la última vez en que ella se vio obligada a vivir en condiciones poco higiénicas.
Ese recuerdo sigue vivo, pero algunas cosas han cambiado desde entonces. Hernández es meticulosa acerca de las apariencias y más aún al crear memorias. Su casa tiene encimeras limpias, usualmente limpiadas con lejía, también un gabinete de baño muy ordenado con productos cosméticos por dentro, y un pintoresco comedor en el que comparte sus comidas con sus cuatro compañeras de casa, a quienes conoció en el hospital psiquiátrico de la Provincia de Buenos Aires.
“Yo nunca en mi vida pensé que iba a poder vivir en una casa”, dice Hernández satisfecha. Pero su realidad sigue estando fuera del alcance de muchos, dice.
Aunque expertos globales mencionan a Argentina como un ejemplo por su marco legal de salud mental progresivo, el bajo presupuesto ha perpetuado malos tratamientos y años de exclusión social de los pacientes de algunos de los hospitales psiquiátricos del país. La vida por fuera de estos centros de tratamiento es ardua, dicen algunos activistas. Pero los profesionales de la salud mental y las organizaciones civiles locales están trabajando para apoyar a pacientes que hayan sido recientemente dados de alta y a otros que siguen internados.
Entre 2001 y 2010, cuando fue aprobada la ley de salud mental de este país suramericano, los tratamientos gradualmente pasaron de estar basados en un hospital a estar basados en la comunidad, una jugada que, según los expertos, buscaba acabar con el estigma y el trato inhumano de las personas que sufren de enfermedades mentales que estaban internadas. En esos años, el número de camas en hospitales psiquiátricos del país se redujo en un 51 por ciento, según un informe de 2015 publicado en BJPsych International, una revista indexada de salud mental.
En 2013 se creó una política pública de salud mental para complementar la ley. Esta incluye lineamientos generales para la hospitalización a corto plazo y la rehabilitación de usuarios. Pero su implementación ha sido lenta y no todos los trabajadores de la salud mental, ni todos los hospitales psiquiátricos están cumpliendo la ley, según dice Celeste Fernández, coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, un organismo sin ánimo de lucro local.
“La ley está muy poco implementada”, dice.
El gasto tan pobre que se ha hecho en salud mental ha hecho que algunos hospitales psiquiátricos sean inadecuados. Según la ley de 2010, por lo menos el 10 por ciento del presupuesto nacional de salud debe ser destinado a la salud mental. Este porcentaje no se ha cumplido desde 2015. Se espera que este año el presupuesto de salud mental se reduzca en un 13,5 por ciento respecto al año anterior según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Algunos pacientes se sientan en el patio del Hospital Dr. Alejandro Korn, un hospital psiquiátrico a las afueras de la ciudad de La Plata en la Provincia de Buenos Aires.
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Las pacientes del Hospital Dr. Alejandro Korn comparten este inodoro al aire libre. Hernández, quien pasó 18 años en otro hospital psiquiátrico, dice que los inodoros que usaba no descargaban.
Hay datos disponibles sobre gastos en salud mental, pero se desconoce el número de personas internadas en los hospitales psiquiátricos del país, según dice Macarena Sabin Paz, la coordinadora de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos local. Todavía no se ha realizado un censo de las personas que sufren de enfermedades mentales en hospitales psiquiátricos de Argentina, un grupo que Sabin Paz y otros proponentes llaman usuarios del sistema de salud mental, aunque la ley de 2010 requería que se hiciera uno dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigencia.
La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, la agencia gubernamental a cargo de esta tarea, no respondió a las varias solicitudes de Global Press de esclarecer este tema.
Hernández fue admitida a un hospital psiquiátrico a sus 18 años y lo dejó a los 36. Dice que el hospital no había intimidad. Hay muchos pacientes que no son un peligro para sí mismos o para los demás, pero que son confinados en los hospitales y a los cuales se les dan drogas, dice. Hernández era uno de ellos.
“Cuando estaba adentro, se me caía la baba y me dormía todo el tiempo”, recuerda. “A veces caminaba desnuda y ni me daba cuenta”.
La ley de salud mental permite la hospitalización involuntaria solo bajo circunstancias especiales, incluyendo casos en los que los usuarios demuestran ser una amenaza inminente para sí mismos o para los demás. Pero otros usuarios, aunque están en condiciones de ser dados de alta, no salen de estos hospitales, ya que no conocen sus derechos, dice Sabin Paz.
Los pacientes tienen derecho a asesoría jurídica y a pedir que se les dé de alta, dice Sabin Paz. Pero esas peticiones muy rara vez son tenidas en cuenta.
“Una persona que está presa puede pedir que se revea su pena. Una persona que está internada ni siquiera sabe que tiene el derecho de ir a ver a un juez y, si lo hace, su palabra no es tenida en cuenta y es estigmatizada”.
Algunas organizaciones locales están intentando resolver estos problemas y otros que enfrentan las personas con problemas de salud mental en el país. María Rosa Roure es psiquiatra y coordinadora general del programa de rehabilitación del Hospital Dr. José A. Estévez, un hospital psiquiátrico. A través de su trabajo, quienes viven o han vivido en el centro, reciben capacitaciones para encontrar trabajos formales y negociar pensiones y planes de jubilación, para que poder ser autosuficientes.
Otros esfuerzos por asistir a esta población son liderados por el órgano de Revisión de Salud Mental. Este año, esta entidad gubernamental comenzará a supervisar los fondos asignados al sector de la salud mental para garantiza que se usen adecuadamente y a monitorear los centros para asegurarse de que los miembros del personal están cumpliendo con la ley de salud mental del país, según dice María Graciela Iglesias, la secretaria ejecutiva.
“Hace unos meses atrás había sólo pequeños atisbos de la implementación de la ley”, dice. “En este momento hay una decisión de implementación en actos concretos, como el censo, que nosotros estamos comenzando a supervisar”.
En años anteriores, esta tarea ha sido prácticamente imposible, ya que el Órgano de Revisión de Salud Mental se ha concentrado en erradicar tratamientos como la terapia de electrochoque que seguía vigente en algunos hospitales, dice Iglesias.
El programa ofrecido por Riva Roure y sus colegas es gratuito. Hernández y sus cuatro compañeras de casa fueron beneficiarias de este programa. Antes de dejar el centro neuropsiquiátrico en 2004, según dice Riva Roure, les enseñaron a cocinar, limpiar, administrar su dinero y usar transporte público.
Hernández dice que logró encontrar un trabajo informal gracias al programa. Trabaja como conserje de una clínica.
Encontrar vivienda también puede ser particularmente difícil para ex usuarios, dice Riva Roure.
“Siempre el tema de alquilar las casas fue complicado”, explica. “Al principio las mujeres que salían del hospital no tenían ingresos propios”, dice. Riva Roure las ayudó a encontrar una casa para alquilar en Temperley, un área de la Provincia de Buenos Aires.
“Hay gente que nunca había vivido en una casa”, sigue. “En el manicomio no sólo las habilidades se pierden, también se pierde la historia personal”.
Para Hernández, usar cubiertos se había convertido en un recuerdo lejano.
“Estábamos en la mesa y ellas estaban comiendo con cubiertos”, dice Hernández. “Yo comía con cuchara como en el manicomio. Entonces Mónica [una de sus compañeras] me dice: ‘Rosita, estamos en una casa ahora, acá se come con tenedor y cuchillo’”. Hizo una pausa.
“Corté la carne, la pinché con el tenedor. Me pareció una cosa tan linda comer con tenedor”.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
NOTA DE LA EDITORA: Los apellidos de Mónica y de Susana fueron omitidos de la historia para proteger su identidad.
