Los cambios a las deportaciones en Argentina causan preocupación en un país conocido por defender los derechos de los inmigrantes

BUENOS AIRES, ARGENTINA — En la Plaza del Congreso, las banderas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, así como la bandera de los pueblos originarios estaban ondeando. También había carteles: “¡No somos delincuentes!”, decía uno.

Los manifestantes fueron a oponerse a un decreto de necesidad y urgencia sobre deportaciones que el presidente Mauricio Macri, él mismo un hijo de un inmigrante, firmó. Se reunieron frente al Congreso de la Nación Argentina el 30 de marzo para pedir que fuera derogado el decreto de Macri que modificó la Ley de Migraciones de Argentina para acelerar las deportaciones de extranjeros acusados o condenados por cualquier delito que pudiera terminar con una sentencia en prisión.

El decreto de Macri, del 27 de enero, aseguraba que era necesario realizar estos cambios inmediatamente para proteger a la nación de narcotraficantes, traficantes de armas y lavadores de dinero. Fue firmado dos días después de que una orden ejecutiva similar, que también hablaba de preocupaciones por la seguridad nacional, fuera emitida en Estados Unidos.

El gobierno de Macri justificó la medida diciendo que el número de extranjeros bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal había aumentado en los últimos años. Los extranjeros eran más del 21 por ciento del total de la población carcelaria en 2016, según el decreto. Éste también afirmaba que el 33 por ciento de quienes están bajo custodia por crímenes relacionados con narcóticos eran inmigrantes.

Pero algunas organizaciones de derechos humanos cuestionaron esas estadísticas el 20 de marzo durante una audiencia organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La organización de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales descubrió que, si todos los prisioneros son contados, incluyendo los que están en cárceles municipales y rurales, el número de extranjeros encarcelados se ha mantenido estable en 6 por ciento por más de 10 años.

Las organizaciones de derechos humanos dicen que las normas para la deportación bajo el nuevo decreto son tan amplias que incluso aquellos acusados de delitos menores, como vender en la calle, violaciones de tránsito, o desacato a la autoridad, podrían ser deportados, o se les podría restringir al entrada al país.

Estos cambios a la ley violan el derecho a una defensa legal y a la unificación familiar al restringir los plazos que tienen los inmigrantes para enviar documentos y evidencia para probar su inocencia, dice la abogada Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina.

El Comité de la ONU Contra la Tortura está de acuerdo. El 12 de mayo, el comité, que monitorea cómo los países implementan las provisiones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, urgió al gobierno a derogar o enmendar la reglamentación del decreto de Macri para asegurarse de que las personas sujetas a expulsión tuvieran suficiente tiempo para apelar y recibir ayuda legal inmediata gratuita durante el proceso de expulsión.

García Rey dice que los cambios también hacen que los inmigrantes sean más vulnerables frente a sus empleadores y que podrían servir como una amenaza para reducir derechos laborales y aumentar las jornadas de trabajo.

“Este decreto tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana”, dice García Rey. “Las posibilidades de un empleador de amenazar a un migrante que trabaja para él con denunciarlo por algún delito menor hace que se restrinjan muchísimo los derechos y protecciones de los migrantes”.

Un debate nacional se ha encendido alrededor del asunto. Aunque algunos temen que la medida muestra que Argentina ya no será un país acogedor para los inmigrantes, otros dicen que los cambios pueden ser una buena manera de luchar contra el crimen en Argentina. Una encuesta de Poliarquía Consultores, una firma privada de encuestas públicas, encontró poco después de que la medida fuera anunciada que el 83 por ciento de los 1381 encuestados dijo que estaba a favor de prohibir la entrada al país de quienes tuvieran antecedentes penales. La mayoría de los encuestados también estaba de acuerdo con crear una provisión exprés para expulsar a los inmigrantes que cometan crímenes.

“Está bien que sea más estricta la ley, pero también tendrían que mejorar los controles aduaneros, escanear y verificar los datos de todas las personas cuando entran al país para que no entren con documentos falsos”, dice José Santos Sota, quien vende diarios y revistas en un quiosco de revistas y está casado con una inmigrante de Uruguay.

Pero Amankay Villanueva, una argentina de 21 años que asistió a la protesta usando ropa tradicional de Bolivia, el país nativo de sus padres, compara el decreto argentino con el intento del presidente de Estados Unidos Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. Ella cree que ambos son el resultado del mismo pensamiento neoliberal y xenófobo.

Ella dice que el gobierno actual de Argentina “tiene el mismo propósito que Trump, criminalizar y estigmatizar a toda la población migrante … los cara de indios, los negritos, los que supuestamente vienen a robar el trabajo”. 

Funcionarios del gobierno argentino subrayaron que los datos sobre inmigración muestran que no están buscando cerrar fronteras.

“Somos muy abiertos”, dijo Horacio García, director de la Dirección Nacional de Migraciones, en un comunicado de prensa. García nota que, en 2016, Argentina les otorgó la residencia a 215.000 inmigrantes, lo que él dice que es más que cualquier otro país latinoamericano. Otros 52.000 han sido aceptados este año, dijo.

“En un año y tres meses, este gobierno radicó a más de un cuarto de millón de personas. Esta es una cifra que tenemos que mostrar al mundo. Por eso mismo, no tenemos que tener pruritos para hablar de una pequeña minoría que vienen con otros intereses que no son hacer las cosas bien en la Argentina”, dice García.

García Rey, la defensora de derechos humanos, sin embargo, nota que además de restringir los derechos de los inmigrantes, el decreto afectará negativamente las relaciones bilaterales con sus vecinos al asociar a las comunidades bolivianas, paraguayas, peruanas y colombianas con el narcotráfico y el crimen.

“La modificación de la ley está vinculada a la política de Trump, en tanto ambas buscan restringir la entrada de nacionalidades específicas. No es una política nueva para  Estados Unidos, pero sí lo es para Argentina”, dice. “Claramente están alineadas”.

Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales buscan frenar la implementación del decreto, pero sus acciones son limitadas. Todos los decretos de emergencia deben pasar por una comisión bicameral del Congreso compuesta por ocho diputados y ocho senadores, quienes determinan si el decreto es válido o no según la ley y luego lo envían a ambas cámaras para ser considerado. Puesto que la comisión aún no se ha expresado sobre el decreto, está en vigencia hasta que la comisión se pronuncie.

“Necesitamos que dé ese paso para salir de este contexto de inamovilidad absoluta que no nos permite avanzar en los reclamos”, dice García Rey.

Gabriela Kletzel, coordinadora del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales, dice que los cambios son particularmente preocupantes porque la legislación migratoria argentina ha sido aclamada por considerar que la inmigración es un derecho humano básico, permitiéndoles a los inmigrantes tener acceso gratuito a atención médica y educación.

“La Argentina estaba a la vanguardia por su legislación migratoria. Es una pena que una norma que contrarrestaba la lógica que existe en muchos países de vincular migración y delincuencia sea dejada sin efecto por decreto de necesidad y urgencia”, dice.

Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.