Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Jazmín Roldos, atrás en el medio, su hermana Agustina Roldos, atrás a la derecha, y otros niños juegan regularmente junto a una laguna contaminada en Villa Inflamable, un barrio en Buenos Aires, Argentina.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA — Un olor penetrante cubre Villa Inflamable, un barrio situado a las afueras de la capital argentina. Allí, un camión avanza a través de calles llenas de basura y escombros hacia una laguna fluorescente donde, en vez de peces, flotan botellas de vidrio.
Tras algunos minutos, el camión regresa vacío. Esta secuencia se repite durante todo el día y los desechos eventualmente se unen a la mezcla de suciedad que es el río Matanza-Riachuelo. El río, de aproximadamente 70 kilómetros (43 millas) de largo, es uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. En su orilla se ubican miles de fábricas, muchas de las cuales utilizan el agua del río para procesar químicos y fármacos. El río recibe los desechos de mataderos y curtiembres locales, así como el excremento sin tratar de muchas de las cinco millones de personas que viven en la zona, 55 por ciento de las cuales no tienen acceso a servicios de alcantarillado.
La Corte Suprema de Argentina le ordenó en 2008 al gobierno que limpiara el área, previniera una mayor degradación ecológica y mejorara las condiciones de vida de sus residentes, muchos de los cuales se habían enfermado. Los niños examinados aquí presentaron niveles exorbitantes de intoxicación por plomo. Las enfermedades respiratorias, los brotes en la piel y la diarrea son comunes. (Lea nuestra cubertura previo aquí).
Más de ocho años después, el organismo encargado de restaurar el área, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), ha gastado 5,2 mil millones de dólares pero sólo ha completado un 20 por ciento de la limpieza, según cifras presentadas por la misma agencia en noviembre de 2016. ACUMAR reportó que, de las 1397 empresas que considera “contaminantes”, 1178 habían presentado planes para cambiarse a procesos ecológicos más responsables y 412 habían hecho cambios que habían reducido sus niveles de polución.
ACUMAR también está varios años atrasada en su compromiso de reubicar a 17.771 familias pues sólo ha relocalizado al 14 por ciento, según un informe de la Auditoría General de la Nación, un organismo que ayuda al Congreso a revisar las cuentas del gobierno.
“Desde el 2010 que nos dicen que nos van a relocalizar y no pasa nada”, dice Claudia Espinola, miembro de una de las 1500 familias de Villa Inflamable que han estado esperando la limpieza prometida por años.
Los residentes no saben si el barrio será eventualmente limpiado y podrán permanecer en sus hogares, o si tendrán que mudarse, un problema que les impide mejorar las condiciones tanto de las casas en las que viven como de su red de agua potable, dice Espinola.
El gobierno envía camiones llenos de barriles de 10 litros de agua para los residentes, dice Espinola, pero “como no alcanzan para todo, terminamos lavando los platos y bañándonos con agua contaminada”.
Algunos vecinos, según Espinola, “no pueden cargar los bidones y terminan tomando agua contaminada también”.
Se ha hecho tan poco para entender la necesidad de los residentes y tanto de lo prometido se ha quedado en promesas que muchas familias ya no creen que ACUMAR quiera ayudarlas, dice Guadalupe Falbo, una abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización que defiende los derechos de los grupos desaventajados.
“No se hizo un estudio de quiénes se quieren ir, ni de quiénes deberían tener prioridad por cuestiones de salud”, dice Falbo. “A los chicos con plomo sólo los analizan para ver si siguen teniendo plomo, no les hacen ningún tratamiento, por eso muchos padres ya no los quieren llevar al hospital”.
La situación ha empeorado tanto que “los vecinos muchas veces no quieren ir a las reuniones porque lo consideran una burla”, dice Falbo.
Sin información de la comunidad, se tomó la decisión de relocalizar a las familias de Villa Inflamable a Alianza, un barrio entre Villa Tranquila e Isla Maciel.
Así que, mientras que algunos habitantes de Villa Inflamable, como María del Pilar Sáenz, de 66 años, quien tiene problemas respiratorios dicen que “vivir acá es un arma mortal para la salud”, otros habitantes como Espinola le temen a la relocalización.
“Nadie nos puede asegurar que allá no está contaminado”, explica Espinola. Además, dice, es un lugar donde existe la rivalidad entre las barras de fútbol. “Que nos lleven allá es como que nos lleven a la boca de un lobo, no nos garantizan ninguna seguridad,” dice.En 2016, los habitantes de la zona publicaron una lista de los seis problemas más urgentes por resolver en el barrio. Punteando el listado estaba conseguir tratamiento médico integral para los niños que han sufrido intoxicación por plomo, así como la información y participación de los vecinos de la zona en el proceso de relocalización.
También quieren sistemas de alcantarillado y de agua potable que funcionen, la limpieza de las lagunas y las depresiones que son usadas por los locales como cloacas improvisadas y que llenan con basura, mejoras de las calles y mejor iluminación pública.
Los habitantes de la zona y las organizaciones ambientales esperaban que el reciente cambio político de 2015 con el que la coalición Cambiemos llegó al poder en las tres jurisdicciones encargadas de la limpieza ayudaría a resolver problemas políticos que obstaculizaban el saneamiento y la relocalización. Pero, un año más tarde, esto no ha sucedido.
“Teníamos la esperanza de que, al coincidir los signos políticos de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, iban a dejar de pasarse la pelota, pero lo siguen haciendo”, dice Santiago Cané, un abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
“Pedimos que se haga un mapa de riesgo y que se vinculen los problemas de salud con las fuentes de contaminación”, dice Cané. “El mapa va a indicar cuáles son las acciones más urgentes y empezará a responsabilizar a personas, funcionarios y empresas”.
ACUMAR hizo un anuncio en febrero que uniría esfuerzos con Agua y Saneamientos Argentinos, la compañía argentina que autoriza los servicios de agua y de recolección de desechos cloacales en la capital, y con otros 14 organismos del área suburbana de Buenos Aires para poder acelerar los trabajos del sistema de alcantarillado y dejarlo listo para 2021. El Banco Mundial ha destinado 840 millones de dólares al proyecto que costará mil millones y el cual según ACUMAR dice que logrará integrar un millón y medio de habitantes al sistema de alcantarillado y mejorará el sistema sanitario de más de cuatro millones de personas.
El 20 de marzo, ACUMAR también anunció que les había entregado 40 camiones compactadores y volcadores a los municipios de la cuenca del Riachuelo para que pudieran descartar apropiadamente la basura y otros residuos que ahora terminan en los estuarios del río.
Para Bárbara Rossen, subsecretaria de derechos urbanos de la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo más preocupante es la falta de un planeamiento global de la relocalización de los habitantes de la zona.
“Los cambian de lugar pero no contemplan que el nuevo barrio tenga escuela, unidad sanitaria o comercios. Entonces pusiste una vivienda pero no mejoraste la calidad de vida de esas personas, por lo que no estás cumpliendo con el objetivo”, dice.
Una laguna en la que es tirada la basura en Villa Inflamable, un barrio junto al contaminado río Matanza-Riachuelo en Buenos Aires, Argentina.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
