En Argentina, una ayuda para los jóvenes adultos que salen de los hogares estatales

BUENOS AIRES, ARGENTINA — A los 16 años, Jasmín Pérez Ccasani sabía que tenía que abandonar su hogar. Su vida familiar era muy mala, dice, y los adolescentes de su edad pueden formalmente separarse de sus padres si el Estado está de acuerdo con ello.

En su caso, el Estado sí estuvo de acuerdo, así que Pérez Ccasani se mudó a una institución administrada por monjas católicas. Según Pérez Ccasani, era un buen lugar para vivir.

Sin embargo, un segundo cambio se alcanzaba a dislumbrar, uno que Pérez Ccasiani no había escogido.

En vez de una celebración llena de las emociones que implica el llegar a la adultez, su cumpleaños número 18 vendría con una nueva mudanza: esta vez viviendo sola y sin apoyo.

Pérez Ccasiani entró en pánico cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Buscó clases que le ayudaran a adquirir nuevas habilidades para encontrar un trabajo y encontró a Doncel, una organización que ayuda a los niños como ella a adaptarse a vivir independientemente. Pérez Ccasiani se apuntó a algunos talleres y aprendió a cocinar, a estar pendiente de sus cuidados médicos, a buscar trabajo y otras habilidades.

“Ya no tengo tanto miedo de que cuando salga se me vaya a venir el mundo abajo”, dice.

Pérez Ccasani planea mudarse de la institución en marzo.

Esta es la situación de miles de niños que viven en instituciones en Argentina. Algunas organizaciones, como Doncel, ofrecen entrenamiento a esos niños para ayudarles a prepararse para vivir por su cuenta. Pero el gobierno no ofrece servicios simplificados ni universales de transición, lo que hace que algunos jóvenes adultos sigan siendo vulnerables al ser excluidos del programa estatal de cuidado.

Eso cambiará pronto cuando una nueva ley, aprobada en junio, comience a ser implementada. Los jóvenes que lleguen a la edad que los obligue a salir del sistema estatal tendrán la opción de inscribirse a un programa con el que recibirían un ingreso mensual equivalente al 80 por ciento del salario mínimo (7600 pesos argentinos, ó 516 dólares, comenzando en enero de 2018) y con el que les será asignado un mentor. El programa duraría hasta que la persona cumpla 21 años, con una posible extensión hasta los 25 años si esa persona está estudiando o preparándose de alguna otra manera para tener una carrera.

Se espera que la ley sea implementada en 2018.

“Cuando estos jóvenes egresan, vuelven a revivir la orfandad con la que ingresaron”, dice Carla Carrizo, la congresista autora del proyecto de ley. “Este programa busca garantizarles poder elegir una vida”.

Según dice Carrizo, la ley salda una deuda que tenía el Estado con los jóvenes viviendo bajo su cuidado.

Hay 9219 niñas, niños y adolescentes viviendo en instituciones en Argentina, según un informe de 2014 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de Unicef, la organización de la ONU que aboga por los derechos de la niñez. Un poco más de la mitad de las personas que entraron al sistema lo hicieron a causa de la violencia y el maltrato de un pariente directo. Cerca del 22 por ciento de ellos fueron abandonados, el 19 por ciento sufrieron abusos sexuales y los demás llegaron a las instituciones debido a otras causas, según el informe.

Esas son las cifras más recientes disponibles, según funcionarios del gobierno argentino y de Unicef.

Cuando un niño llega a ser adulto dentro del sistema institucional es porque no fue posible reunirlos con sus familias, porque no han sido conectados con una familia adoptiva, o porque prefieren no ser adoptados.

En esos casos, es fundamental asegurar que los jóvenes adultos estén preparados para ser autónomos, dice María Lucila Argüello, una funcionaria de protección de derechos de Unicef.

Es muy difícil asegurar esto a nivel nacional. El interior argentino ofrece opciones diferentes para niños en esta situación, dependiendo de la provincia. Algunas provincias ofrecen casas de “pre-egreso” en las que los jóvenes viven con mentores que les ayudan a prepararse para la vida adulta. En otras provincias, los niños pasan directamente de una institución a vivir por su cuenta, o algunas veces terminan en la calle o en situaciones difíciles, según dicen activistas de los derechos de los niños.

“Los jóvenes cuando egresan en muchos casos tienen que volver a los contextos vulnerabilizantes de los que el Estado consideró que era importante apartarlos”, dice Andrés Segade, uno de los trabajadores de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, una red que busca proteger a los jóvenes que deben dejar las instituciones estatales a causa de su edad a lo largo de toda América Latina.

Muchos de estos jóvenes no terminan el bachillerato, dice, y usualmente no cuentan ni siquiera con habilidades rudimentarias.

“No saben hacer cosas básicas como cocinar, moverse por la ciudad o sacar turnos médicos”, dice.

Doncel, la organización que le ayudó a Pérez Ccasani, tiene un panfleto que incluye una ilustración de una torta de cumpleaños en forma de bomba de tiempo.

“Los 18 deberían ser un festejo, o un cumpleaños más, pero para los chicos que están bajo el sistema de protección, son una puerta de salida de esa protección del estado sin un acompañamiento”, dice Florencia Rodríguez, coordinadora de Guía Egreso, una plataforma que ofrece talleres para jóvenes que están haciendo la transición hacia vivir por su cuenta.

La organización reúne a jóvenes para que puedan compartir experiencias y contar el uno con el otro.

“Hay un apoyo social”, dice Rodríguez.

Tatiana Lustig Da Silva, de 23 años, no tenía un mentor ni un compañero cuando dejó un hogar de transición. Ahora, es una de las mentoras de Guía Egreso.

“Siempre termina siendo una cuestión de suerte si pudiste preparar tu egreso o no”, dice Lustig Da Silva, añadiendo que algunos hogares tienen trabajadores que le ayudan a la gente a salir, pero otros no.

Lustig Da Silva dice que a veces habla con personas jóvenes que están apenas a unos meses de cumplir 18 años, pero ellos le confiesan que no piensan mucho en la transición que se aproxima.

“Lo veían todavía como algo lejano o que se iba a dar solo”, dice.

Lustig Da Silva y Rodríguez dicen que el potencial de cada joven adulto depende demasiado del hogar de transición en el que viven y de otros factores aleatorios, como si se toparon con una organización como Doncel o Guía Egreso.

Pero la nueva ley se asegurará de que la planeación antes de la partida sea una prioridad en cada hogar, dice Rodríguez.

Pérez Ccasani dice que la nueva ley transformará la experiencia de las personas como ella.

“Pienso en mis compañeras del hogar, con las que convivo y sé que sus vidas van a cambiar a partir de esto porque ya no van a estar desesperadas por no saber qué va a ser de sus vidas cuando cumplan 18”, dice.

Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.