Argentina abandona el Riachuelo y deja a sus habitantes inundados por las consecuencias

AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA — Apenas cae la primera gota de lluvia, Ermelinda Aguirre arrastra su cama hasta la cocina, el único lugar de la casa que el agua no invade. Igual será una noche en vela. Si la lluvia es fuerte, el agua entrará a borbotones por el desagüe del baño y el patio, subiendo hasta cubrir el piso. A la mañana siguiente, las paredes estarán aún más húmedas de lo que ya están y el agua habrá traído consigo una mezcla de desechos cloacales, basura y cualquier otra cosa que haya arrastrado por el camino.

Aguirre, de 58 años, ha vivido toda su vida en Villa Inflamable. El barrio está encajonado entre dos de las mayores amenazas ambientales de Argentina: el fuertemente contaminado río Matanza Riachuelo y el Polo Petroquímico de Dock Sud, una zona industrial que alberga cerca de una docena de industrias contaminantes activas.

Durante casi dos siglos, el río, que se extiende unos 70 kilómetros, ha sido un vertedero de contaminantes. Algunas industrias que bordean sus orillas arrojan sus desechos al agua. Junto a los residuos industriales, los desechos sanitarios sin tratar son la principal fuente de contaminación. Más de 4 millones de personas viven en la cuenca y el 44% carece de infraestructura cloacal adecuada.

El agua contaminada drena hacia las lagunas que se extienden por la zona. Cuando llueve, se desbordan. Los vecinos tienen que lidiar con residuos tóxicos no solo fuera, sino también dentro de sus propias casas y la situación ha empeorado a medida que más personas se mudaron al barrio.

En 2008, tras años de reclamos, la Corte Suprema de Argentina ordenó al gobierno limpiar el río y proveer servicios como sistemas cloacales. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, el organismo encargado de esta tarea, conocido como ACUMAR, logró algunos avances, como la remoción de residuos. Pero sus esfuerzos fueron lentos. El río sigue gravemente contaminado y las inundaciones tóxicas continúan.

Luego, en diciembre de 2023, asumió la presidencia Javier Milei. Poco después, su gobierno recortó drásticamente el presupuesto del organismo en nombre de la austeridad y ACUMAR detuvo sus trabajos. Proyectos clave, incluida la construcción de un sistema de desagüe pluvial que ayudaría a mitigar las inundaciones, quedaron inconclusos.

Como golpe final, la Corte Suprema, que había supervisado la limpieza desde su fallo, puso fin a su seguimiento el pasado octubre, obligando a los vecinos a reiniciar las batallas legales que comenzaron hace más de 20 años.

“Tenía tanta esperanza yo antes y ahora me decepcionó la Corte Suprema”, dice Claudia Espínola, referente comunitaria de Villa Inflamable, un barrio de unas 3.000 familias.

El Municipio de Avellaneda y ACUMAR rechazaron las solicitudes de entrevista.

Los vecinos no tienen ninguna garantía de cuándo cambiará la situación, o si alguna vez lo hará.

Ya se han detectado niveles peligrosos de intoxicación por plomo en los niños del barrio, que los investigadores vinculan con la contaminación de la cuenca. Las lesiones en la piel y los problemas respiratorios también son frecuentes entre los habitantes, dice Sebastián Romero, representante de la Unidad Sanitaria Ambiental que atiende a los vecinos de Villa Inflamable.

Aguirre padece artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune, y asma, dos afecciones que se agravan con la humedad. Ahora, el olor a humedad impregna cada rincón de su casa. Años de inundaciones han agrietado las paredes y las han cubierto de moho verde.

“La casa se me viene abajo”, dice.

Afuera, las cloacas a cielo abierto, donde se crían mosquitos y juegan los niños, están por todas partes. Los vecinos colocan cartones o tablones de madera sobre el barro que hay entre sus casas.

Como muchos otros residentes, Aguirre ha perdido la paciencia con las excusas del gobierno. Frases como “el día de mañana” y “mientras tanto” ahora le suenan vacías, dice. Lo que quiere ahora, afirma, son soluciones reales para este problema que lleva siglos.

Su hermana se cansó de esperar y se fue del barrio, pero para Aguirre y muchos de sus vecinos, eso no es una opción. Ella depende de un subsidio social y del apoyo de su hija, que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades.

Ahora, los vecinos tendrán que presentar nuevas acciones legales, y cada barrio podría tener que iniciar su propia causa, lo que podría significar demoras importantes, señala Mariano Hernán Gutiérrez, a cargo del Equipo de Trabajo de Río Matanza Riachuelo del Ministerio Público de la Defensa.

Espínola conserva poca esperanza, pero no piensa dejar de luchar, dice, mientras ordena los documentos de la petición que volverá a presentar.

Cada vez que empieza a llover, Simón Ibáñez, otro vecino cuya casa se inunda con frecuencia, carga a su madre de 72 años sobre la espalda y avanza como puede hasta la casa de su hermano, que está en una zona más alta. Su madre ya se cayó una vez, aunque no durante una evacuación. Teme que se resbale y vuelva a fracturarse otro hueso.

“¿Qué vamos a hacer? Ir, no nos podemos ir”, dice.