BUENOS AIRES, ARGENTINA — Han pasado 12 años desde que Argentina hizo cambios radicales en sus leyes de salud mental, que ordenan el acceso equitativo a la atención digna. Sin embargo, según la máxima autoridad de política sobre drogas del país, menos de un tercio de los centros residenciales de tratamiento gratuito de adicciones admiten mujeres, y solo seis aceptan mujeres con niñeces.
La falta de centros, combinada con el aumento de los índices de consumo de drogas y los prejuicios persistentes contra las consumidoras, ha dificultado que las mujeres, en especial las madres, busquen ayuda.
María, de 32 años, que pidió no difundir su apellido por temor a ser estigmatizada, trató de buscar tratamiento hospitalario a fines del año pasado, pero no consiguió lugar en ninguno de los centros que podían admitirla con sus hijos. “Era impensado internarme sin mis hijos y, de hecho, no me interné”, dice. No podía dejarlos con el padre por problemas de droga y violencia, y no tenía nadie más a quién recurrir.
“Estuve un mes más en consumo, me podría haber muerto”, añade.
La red argentina de centros residenciales para el tratamiento de adicciones está a cargo de iglesias, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones cívicas, pero recibe apoyo financiero y técnico de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, SEDRONAR. Según un informe de 2019 de SEDRONAR, casi el 93% de las personas admitidas en estos centros eran hombres. De los 46 centros residenciales que ofrecen tratamiento gratuito, solo 13 admiten mujeres y únicamente seis reciben mujeres con niñeces.
SEDRONAR, que depende de la Jefatura del Gabinete de Ministros, se negó a dar una entrevista para este artículo. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no respondió a las peticiones de comentarios.
Betina Zubeldía, presidenta de la asociación civil Madres Territoriales Nacional Contra las Drogas, dice que hace poco ayudó a una mujer a conseguir que la admitieran en un centro en Buenos Aires, a más de 300 kilómetros (186 millas) de su familia en Santa Fe, provincia del noreste de Argentina, por falta de cupos en centros más cercanos.
“Las mujeres con hijos, las mujeres, parece que no tienen derecho a enfermarse de adicción. Estamos en una sociedad donde seguimos juzgando a la mujer”, señala Zubeldía.
El Gobierno no ha publicado datos actualizados sobre el consumo de drogas por género, pero la psicóloga Solange Rodríguez Espínola, que investiga el consumo de drogas en el país, dice que si bien históricamente el consumo de sustancias ha sido mayor entre los hombres que entre las mujeres, la brecha se reduce cada año. Según un informe de SEDRONAR, la cantidad de personas que consumen cocaína en Argentina casi se duplicó entre 2010 y 2017, y el aumento fue mayor entre las mujeres que entre los hombres.
Gloria Pereda, coordinadora de la Granja Madre Teresa, un dispositivo gratuito para mujeres con niños y niñas, coincide en que más mujeres han empezado a consumir drogas, y lo atribuye en parte al empeoramiento de las condiciones domésticas. “Aumentó mucho el tema de la violencia en pandemia, o por lo menos se vio más”, expresa. El promedio de llamadas diarias a la línea de ayuda por violencia de género aumentó en más de un 20% durante los primeros meses de confinamiento.
La Granja Madre Teresa, que se encuentra en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con seis casas, cada una con dos cuartos, cocina y baño, en un patio grande, lleno de juegos infantiles y un jardín de infantes al que también pueden asistir niñas y niños de comunidades cercanas. El tratamiento, dice Pereda, puede durar hasta dos años. Las instituciones que atienden a las madres necesitan más equipamiento, por lo que “la mayoría elige lo más fácil, que es abrir un lugar para hombres”, explica Ailén Dotta, empleada de la granja.
La ley de Salud Mental argentina, sancionada en 2010 ordena que al menos el 10% del presupuesto de salud se asigne a la salud mental. Actualmente, esa cifra se sitúa en casi el 3%. Si bien el Gobierno se propuso agregar 46 centros de tratamiento residencial para fines de 2022, para duplicar el número actual, esto depende de que las organizaciones privadas que operan estos centros se registren voluntariamente en SEDRONAR. Como consecuencia, la Secretaría no puede garantizar la ampliación de la capacidad ni determinar si los nuevos centros atenderán a hombres, mujeres o mujeres con niñeces.
Rafael Arteaga, investigador de adicciones de la Universidad Nacional de San Martín, dice que el acceso mejoraría si se cumpliera con la ley.
“Tendrían que tener guardia de salud mental y adicciones todos los hospitales”, dice Arteaga, y agrega que es crucial que haya jardines de infantes y escuelas públicas de doble jornada para que las mujeres tengan dónde dejar a sus hijos cuando van a terapia.
María, por ejemplo, va todos los días a un tratamiento ambulatorio en Buenos Aires. Puede llevar a sus hijos, pero debe regresar a casa por la noche. El tratamiento ambulatorio no es una opción realista para muchas personas, dice Juliana Lualdi, referente de la campaña Ni un Pibe Menos por la Droga, especialmente para mujeres como María, que viven en barrios populares. Casi el 58% de quienes viven en estos asentamientos informales dijeron que en su barrio se vendían drogas, más del doble que en otros vecindarios, según una encuesta realizada por la Universidad Católica Argentina.
En ciertas zonas, dice Lualdi, “es más fácil acceder a la droga que a la leche”.
El acceso al tratamiento, para mujeres y hombres, también mejoraría si el Gobierno agilizara los procesos de admisión, dicen quienes apoyan la causa. Para recibir atención gratuita, las y los solicitantes deben presentar mucha documentación (declaraciones juradas, registros médicos, documentos del seguro social) y luego presentarse a una o más entrevistas. Una vez que se determina la elegibilidad y se asegura un lugar, la Secretaría les llama para informar que pueden ingresar al tratamiento. Según información obtenida de SEDRONAR a través de una solicitud de acceso a la información, el tiempo promedio de espera varía entre uno y cuatro días para los hombres, de cuatro a 10 días para las mujeres sin hijos y de 10 a 12 días para las madres con infancias. Sin embargo, según la experiencia de María, el proceso puede tardar meses.
“Toda la formalidad que SEDRONAR te pide, las entrevistas, la evaluación, dificulta el acceso. Se les piden requisitos que son muy complejos si no están acompañados por alguien, si estás en calle, que por lo general ni teléfono tenés”, dice Pereda. Entre las partes más difíciles del proceso, de acuerdo con su experiencia, está el asegurarse de que las personas reciban la llamada telefónica de SEDRONAR informando de la disponibilidad.
Reunir la voluntad para buscar ayuda ya es bastante difícil, dice Micaela, de 27 años, residente de la Granja Madre Teresa, que también pidió ser identificada solo por su nombre. “Cuando no encontrás un lugar que te dé la oportunidad de internarte, seguís en la misma. Si no te ayudan en el momento es difícil volver a acercarte. Decís, ‘Listo, yo ya pedí ayuda’”, afirma.
Micaela tiene dos hijos a los que no puede ver. Cuando se internó por primera vez, tenía 14 años. “Mi hijo fue a un hogar y yo me fui a internación. No había posibilidad de estar madre con hijo”, dice. Representantes de servicios sociales esperaron hasta que cumplió 19 años para determinar si podía hacerse cargo de su hijo. Como no tenía dónde vivir ni cómo abastecerlo, lo dieron en guarda a una familia.
“Ahí volví a recaer”, lamenta. Tuvo a su segundo hijo a los 24 años; Servicios sociales se lo llevó y dice que desde entonces no ha tenido contacto con él.
Su sueño es poder formar una familia y que esta vez la historia sea diferente.
Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.