KAMPALA, UGANDA — Regina comenzó la noche decidida a buscar venganza.
Esto ocurrió hace tiempo, cuando tenía 20 años y estaba tan enojada con su novio que decidió salir con otro hombre. Bebieron cerveza, coquetearon y entraron a la habitación de un hotel. Estaban entrelazados en la cama cuando Regina cambió de parecer y no quiso tener relaciones sexuales. Le pidió al hombre que se detuviera y se puso a llorar.
“Insistió durante unos segundos hasta que se dio cuenta de que yo lloraba sinceramente”, dice Regina, quien pidió que no se mencionara su apellido para evitar un estigma indebido. El hombre se apartó, pero Regina se dio cuenta de la facilidad con la que él podría haberla dominado, y quién habría sido culpable según la gente de Uganda. “Si hubiera insistido y me hubiera violado, me habrían culpado por salir con él”.
Aunque el acceso de las mujeres a la educación y al poder político en Uganda ha progresado significativamente en los últimos años, los y las activistas dicen que las leyes contra la agresión sexual se quedaron rezagadas. No abordan la violación en una cita, la violación conyugal o casos delicados como el de Regina, en los que el consentimiento de una persona cambia durante el transcurso de un encuentro sexual.
A principios de este año, integrantes del Parlamento intentaron un cambio al defender una cláusula conocida como retiro del consentimiento. La cláusula, que forma parte de un proyecto de ley más amplio que aborda los delitos sexuales, habría tipificado como delito la continuación del contacto sexual con una persona que retira el consentimiento en medio del acto. La iniciativa desencadenó una disputa que resalta la profunda disonancia en cuanto a los derechos de género en el país.
Para las mujeres que se dedican a la lucha libre, la pelea apenas comienza
HAGA CLIC PARA LEER“Un hombre puede cambiar de opinión durante un acto sexual y se espera que yo lo comprenda”, dice Namutebi Gida, madre soltera de 29 años que vive en las afueras de Kampala, la capital del país. “En el caso de las mujeres, sin embargo, no se nos permite cambiar de opinión porque la mayoría de las tradiciones ugandesas perciben a las mujeres como una propiedad y las propiedades no tienen voz”.
El debate comienza a medida que el movimiento #MeToo, que nació en Estados Unidos y que alienta a las personas a hablar públicamente sobre sus experiencias con la violencia de género, sigue reestructurando las ideas sobre el consentimiento sexual en todo el mundo.
Se considera que Uganda es “pionero” en la promulgación de políticas favorables para las mujeres, según un informe de ALiGN, proyecto de igualdad de género dirigido por el Overseas Development Institute, un grupo independiente de personas expertas con sede en Londres. Entre estas políticas se encuentran la reserva de escaños parlamentarios para mujeres y la creación de un ministerio de género. No obstante, en temas sexuales y de relaciones de pareja, el país sigue siendo sumamente patriarcal.
Las mujeres ugandesas les dijeron a los investigadores de ALiGN que, desde niñas, aprendieron que aparentar ser “rebeldes” ayudaría a evitar que se casaran. Como esposas, se espera que cocinen, limpien y tengan un empleo, “mientras que el hombre simplemente pasa el rato como un león macho”. Por lo general, antes del matrimonio, la familia del novio paga una dote en cabras, alimentos, bebidas alcohólicas o dinero, transacción que ayuda a que “los hombres crean que compraron a las mujeres y que las consideren como su propiedad”, expresa Gida.
Esas actitudes afectan la manera en la que se tratan los delitos sexuales. En una encuesta de 2016, aproximadamente 1 de cada 5 mujeres que viven en las ciudades y 1 de 4 mujeres de las zonas rurales respondieron que habían vivido acoso, violación o violencia sexual desde los 15 años, señala un informe gubernamental. (Según el mismo informe, menos de 1 de cada 10 hombres dijeron lo mismo). El agresor más común era la pareja sentimental de la mujer.
Sin embargo, las leyes de Uganda no tocan los delitos cometidos por la pareja, afirma David Mugambe Mpiima, profesor de la Escuela de Estudios sobre la Mujer y el Género de la Universidad Makerere en Kampala. “Para la mayoría de las personas ugandesas, la idea de violación conyugal o violación en una cita es impensable”, dice. Más del 80% de la población de Uganda se identifica como cristiana. “Desde la perspectiva cristiana, se supone que, una vez que te casas, eres uno. Te fusionas con otra persona, por lo que la cuestión de retirar el consentimiento se vuelve muy difícil de manejar para un cristiano devoto”.
Es probable que las agresiones sexuales no se denuncien ni se lleven a juicio, dice Mpiima. Con frecuencia, quienes viven una agresión temen el estigma o el acoso si informan a la policía, o que los oficiales trunquen la investigación, explica. Según un informe de 2020 del Departamento de Estado de EE. UU., la policía de Uganda habría aceptado sobornos de presuntos agresores para abandonar las investigaciones. Además, le decían a la gente que las agresiones en su contra eran el resultado de su “forma de vestir indecente”, dice el informe.
Fred Enanga, portavoz de la Fuerza Policial de Uganda, dice que el informe carece de detalles y que la agencia tiene salvaguardas internas para “asegurarse de que los derechos de las víctimas no sean transgredidos”.
Las personas activistas señalan un problema sistémico. “La gente supone que hay consentimiento donde no lo hay”, dice Grace Namataka, coordinadora nacional de defensa del Centro para la Prevención de la Violencia Doméstica de Kampala. “Tener una cita con un hombre no es un consentimiento, entrar en su habitación no es un consentimiento, aceptar su dinero no es un consentimiento; pero todo esto se malinterpreta como consentimiento, y esto dificulta que los casos de violencia sexual reciban la atención que merecen”.
En 2015, la legisladora Monica Amoding presentó la cláusula de retiro del consentimiento, como resultado del diálogo con activistas sobre casos que la ley de Uganda no abordaba. Por ejemplo, una madre primeriza que, a mitad de la relación sexual, se da cuenta de que su cuerpo no ha sanado lo suficiente como para continuar. O una pareja que cambia del sexo oral al anal cuando una persona no se siente cómoda con eso.
“Como personas, se espera que comprendamos cuando nuestra pareja dice: ‘Espera, no quiero esto’”, dice Amoding, miembro del partido gobernante, Movimiento de Resistencia Nacional.
La cláusula se incluyó en el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2019, una ley extensa que también prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo. Después de pasar por el proceso legislativo, el proyecto de ley se sometió a votación en 2021.
La cláusula enfrentó una crítica común para las reformas feministas: que se trataba de una occidentalización innecesaria de las leyes de Uganda. Musinguzi Alfred, de 52 años, es un hombre casado que trabaja como profesor en las afueras de Kampala. “Esta es otra idea extranjera absurda; no reconoce nuestra perspectiva cultural y religiosa del matrimonio, que debería mantenerse firme para bien o para mal”, dice.
Si bien hay cuotas que aseguran escaños parlamentarios para mujeres, dos terceras partes de las personas integrantes son hombres. Silas Aogon, legislador independiente, ve la cláusula como un peligro potencial para la reputación. “La cláusula, cuando se apruebe como ley, será aprovechada por personas con fines políticos para destruir a otras. La gravedad de la sanción se consideraría como una violación, un delito muy grave que no creo que tenga que ver con el retiro del consentimiento”, explica. Muchas personas legisladoras concuerdan con él.
Cuando el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales en mayo, la cláusula no estaba incluida. “Hay demasiado sexismo por el que la mujer es vista como el género inferior, y esto ha provocado que se tolere la violencia sexual en contra de muchas mujeres y niñas”, dice Kyosimire Byarugaba Pricilla, directora de Frauen Initiative Uganda, organización que trabaja con mujeres que han vivido agresiones sexuales.
En agosto, el presidente Yoweri Museveni se negó a firmar el proyecto de ley y lo envió de nuevo al Parlamento para que se hicieran modificaciones. Impulsar la cláusula de retiro del consentimiento no está entre ellas.
Nakisanze Segawa es una reportera de Global Press Journal establecida en Kampala, Uganda.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.