Torres de comunicación provocan indignación a medida que la construcción invade comunidades

AGUADA, PUERTO RICO — Wilbert Silva ha vivido en el sector Goyito Muñiz, una zona montañosa en el municipio de Aguada en el extremo occidental de Puerto Rico, durante los últimos 60 años.

En 2016, se enteró de que se habían vendido terrenos cercanos a su casa, y que Innovattel, una empresa que instala antenas y torres de telecomunicaciones, planificaba construir una torre que se elevaría sobre la zona.

Silva estaba consternado. La comunidad de Goyito Muñiz es pequeña, alrededor de 300 familias. Aun así, ¿por qué no les habían notificado que esta torre se construiría prácticamente en sus patios? ¿Por qué no se les consultó?

“Ellos no vinieron aquí en forma de diálogo con la comunidad”, dice Silva sobre Innovattel. “Ellos vinieron a imponerse”.

Silva no es la única persona que se siente frustrada con la construcción de antenas y torres de comunicación. En todo Puerto Rico, 30 comunidades se han unido para expresar su oposición a estos proyectos y exigir participación en el proceso oficial de permisos. Formaron un grupo, Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas en Puerto Rico, o FCCPA. Juntas, han presionado al personal del gobierno, han presentado demandas e incluso han bloqueado las áreas de construcción, lo que ha obligado a detener la construcción.

El enfrentamiento ha puesto en evidencia la forma en que se aprueban proyectos de telecomunicaciones a gran escala en Puerto Rico sin que las personas residentes puedan hacer sentir su voz.

Coraly M. Cruz Mejías, GPJ Puerto Rico

Las comunidades de Puerto Rico formaron una coalición para protestar contra los proyectos de construcción y abogar por la inclusión de las personas residentes en el proceso de permisos.

“Nosotros no nos oponemos a la tecnología”, dice Wilson Rivera, portavoz de la FCCPA. “Lo que nosotros estamos pidiendo es tecnología responsable, que se hagan las cosas responsablemente y estamos solicitando participación en los procesos, en la toma de decisiones”.

Actualmente, las empresas de telecomunicaciones deben presentar solicitudes de permiso para cualquier antena o torre de comunicación a la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico, así como a la Junta de Planificación, detallando la ubicación y el alcance del proyecto. Las compañías también deben completar una evaluación de impacto ambiental.

“Nosotros no construimos en un lugar sin tener los debidos endosos y permisos que requieren tanto las agencias federales como las agencias estatales”, dice
Juan Cueria, vicepresidente de Innovattel.

Pero la ley no requiere que las empresas soliciten comentarios de quienes residen localmente, excepto en circunstancias limitadas, como cuando se construiría una torre en un área ecológicamente sensible.

“No hay requisitos de llevar a cabo una vista pública o un proceso de participación ciudadana más allá”, dice Ian Carlo Serna, presidente del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, la agencia gubernamental encargada de regular la industria de telecomunicaciones.

Actualmente hay alrededor de 2,000 torres de comunicación y 20,000 antenas en Puerto Rico, según la Junta de Planificación. Carlo Serna dice que a medida que más y más personas y dispositivos se conectan al internet y dependen de los servicios celulares, ha aumentado la necesidad de una infraestructura de telecomunicaciones sólida.

“La realidad [es que] nosotros vivimos en un mundo conectado”, dice Carlo Serna.

Aptemis Rodríguez, coordinador de adquisiciones de Innovattel y gerente de obra, señala que la pandemia del coronavirus también está aumentando la necesidad de las torres, ya que la gente trabaja y estudia desde la casa.

Pero Rivera dice que como consecuencia, algunas comunidades han sido inundadas por torres. En Atalaya, por ejemplo, un barrio cercano al sector Goyito Muñiz, hay 26 torres de comunicación y 264 antenas, dice Rivera, aproximadamente una por cada nueve habitantes de la zona.

Coraly M. Cruz Mejías, GPJ Puerto Rico

Ilianette Ruiz, cargando a su hijo, dice que su familia se vio obligada a mudarse después de que comenzara la construcción de una torre detrás de su casa.

Quienes residen en Aguada dicen que la construcción de torres ha interrumpido sus vidas y presentado un peligro.

Ilianette Ruiz, cuya casa es la más cercana a la torre que está construyendo Innovattel en el sector Goyito Muñiz, dice que maquinaria pesada destruyó la carretera hacia su propiedad.

“A mí el carro me patinó montones de veces, y para un lado del barranco”, dice Ruiz.

Ella, junto con su esposo y otras personas residentes, presentaron una demanda para tratar de evitar que se construyera la torre. Y en 2019, un tribunal ordenó que se detuviera la construcción temporeramente. Sin embargo, tras el fallo, Innovattel solicitó un nuevo permiso, que se otorgó en marzo de 2020.

Ruiz dice que su familia todavía espera poder obligar a la empresa a detener la construcción mediante acciones legales. Pero por el momento, ella, su esposo y su hijo de 2 años han decidido mudarse hasta que se resuelva la situación.

“No había manera de vivir así”, dice Ruiz.

Actualmente hay demandas pendientes en los tribunales contra otros 10 proyectos de construcción, dice Rivera. El Senado de Puerto Rico también está considerando un proyecto de ley, presentado en abril, que requeriría que los proyectos de telecomunicaciones incluyan un proceso de audiencia pública, prohibiría la construcción de torres a menos de 500 metros (547 yardas) de áreas habitadas, y ordenaría que las empresas esperen 10 años para poder enviar nuevamente las solicitudes después de que se revoque el permiso de un proyecto.

María Maldonado Malfregeot, abogada de Innovattel, dice que la empresa se opone al proyecto de ley.

“Yo entiendo que hay muchos aspectos de ese proyecto de ley que harían imposible que tú pudieras instalar antenas en el futuro”, dice. “Simplemente es tan y tan restrictivo que con la topografía que hay en Puerto Rico, tú no encontrarías un sitio para hacer una instalación”.

Coraly M. Cruz Mejías, GPJ Puerto Rico

Jorge Vale, mientras camina por lo que solía ser su patio, dice que la torre impedía el acceso seguro a su casa.

Quienes residen en la zona han tomado cartas en el asunto, haciendo piquetes en las obras de construcción y bloqueando las carreteras.

En diciembre, varias personas residentes de Goyito Muñiz fueron arrestadas por no permitir el acceso a quienes trabajan en la construcción de la torre cerca de la casa de Silva. Ahora, a medida que se intensifica el enfrentamiento, la policía suele acompañar a quienes trabajan en la construcción de las obras.

“Nosotros sabemos que ellos vienen para aquí porque [las personas vecinas] comienzan a ver los carros de la policía”, dice Lourdes María Valentín, una residente local.

Carlo Serna, del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, dice que espera que todas las partes puedan llegar a un acuerdo, sobre todo considerando que las telecomunicaciones son un servicio esencial.

Por ahora, sin embargo, las personas residentes están decididas a mantenerse firmes.

“Mientras los tribunales estén a favor de ellos, ¿qué nosotros podemos esperar?”, dice Norman Rosa, el esposo de Valentín. “Simplemente seguir adelante”.