Maya Piedra, GPJ México
Un paisaje del estuario de San Francisco al inicio de la temporada de lluvias en San Francisco, Nayarit.
SAN FRANCISCO, MÉXICO — En San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, se encuentra una de las playas con los atardeceres más hermosos de la región. Todos los días, el sol desaparece en el horizonte tras sumergirse en el mar. Cuando no queda rastro de él, los turistas provenientes de diferentes rincones del mundo aplauden gustosos después de tomarle múltiples fotografías al ocaso.
Pero cuando la oscuridad de la noche emerge y los visitantes paulatinamente comienzan a retirarse, el ambiente festivo se diluye al arribo de los olores fétidos, que surgen cuando arrancan los motores de la planta de tratamiento que está situada al lado izquierdo de la playa. Las descargas de aguas residuales se vierten al estero del pueblo, el cual en temporada de lluvias se abre para conectarse con el mar.
El tratamiento de las aguas residuales en San Francisco se encuentra en manos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, conocido como OROMAPAS, que por su constitución jurídica mantiene cierta autonomía, y entre otros subsidios ha recibido ingresos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde hace 25 años, OROMAPAS ha venido adjudicándose de manera paulatina la administración del agua potable y alcantarillado del municipio de Bahía de Banderas. Pero, dicen los residentes que habitan al norte del municipio, los resultados han sido desastrosos: aguas grises rodando por las calles, escasez de agua potable y cuerpos de agua contaminados son tres circunstancias que experimentan de manera cotidiana.
Esta contaminación tiene un impacto directo en los habitantes del pueblo que están en el mar cada día.
Jorge Alexis Castellón, originario de San Francisco, buzo industrial de profesión y amante del surf, cuenta que una vez tuvo que firmar una responsiva autorizando la amputación de su pie, luego de que desarrollara gangrena al infectarse por bacterias en el mar. Finalmente, la amputación no fue necesaria.
“Iba a perder el pie. Estaba propenso a pasar, así que lo tuve que hacer para que los doctores pudieran realizar el tratamiento”, dice Castellón, quien se hizo una pequeña herida al golpearse con una piedra mientras surfeaba frente al estero. La infección creció rápidamente y al tercer día no podía caminar.
Actualmente, la región de Bahía de Banderas se ha situado como uno de los principales centros turísticos internacionales de sol y playa en México. El proyecto comienza a perfilarse en la década de 1970 con el entonces gobierno federal del presidente Luis Echeverría. Las zonas destinadas al desarrollo turístico se gestaron a partir de la expropiación de tierras a las comunidades campesinas que colindaban con el litoral del océano Pacífico.
Como parte del pago por la expropiación de tierras en el litoral, el gobierno de Echeverría inició un proceso de urbanización y aprovisionamiento de servicios básicos a la población de las zonas afectadas, dejando la administración del servicio de agua potable y alcantarillado a los consejos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de cada una de las localidades, que son entidades autónomas integradas por los habitantes del pueblo.
Sin embargo, desde 1998, OROMAPAS, un organismo paramunicipal dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Nayarit, ha asumido gradualmente la gestión del agua y saneamiento del municipio.
Los organismos paramunicipales son públicos — pero participan también con presupuestos privados — incluso con fondos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
La adjudicación de la gestión del agua potable y saneamiento de Bahía de Banderas por parte del organismo paramunicipal no ha sucedido de manera fluida: Una de las últimas adjudicaciones ocurrió al norte del municipio en el poblado de Sayulita, donde la adscripción del servicio por parte de OROMAPAS se logró en un contexto de protestas y descontento de la población local.
Las protestas se basaron en que en San Ignacio, una localidad al norte de Sayulita, el ambiente se encuentra permeado por un olor nauseabundo que deviene de las aguas grises que corren por sus calles hacia el cauce del arroyo El Guamúchil, que en tiempo de aguas desemboca en la playa de Sayulita.
San Ignacio fue una de las primeras localidades que entregó la administración del servicio de agua y saneamiento a OROMAPAS. “Ya tiene como 25 años operando”, dice J. Isabel López González, juez auxiliar de San Ignacio, quien explica que desde 2009 se equipó al pueblo con una planta de tratamiento e infraestructura para drenaje. Sin embargo, hasta el momento no se ha puesto a funcionar, dice, debido a una falta de voluntad para invertir más en la planta.
“Nos afecta a todos. … En tiempo de calor el olor es más fuerte”, dice una habitante nacida en San Ignacio, quien, al igual que otras personas habitantes, pidió que no se revele su identidad por temor a represalias.
La contaminación no solo afecta la calidad del aire sino también los cuerpos de agua subterráneos que la población utilizaba para abastecerse de agua potable en tiempo de sequías.
“Hay pozos de agua por el arroyo y no puedes bañarte con esa agua porque huele muy mal y te salen ronchas en la piel”, dice la habitante de San Ignacio.
Por el arroyo no solamente hay pozos de agua artesanales sino también la noria que abastece de agua potable al pueblo, explica López. “Hay mucha gente que empezó a decir que cuando se bañaba le salían ronchas y sentía picazón en el cuerpo”, dice.
Los reportes a las autoridades correspondientes relacionados con la deficiencia del servicio han sido constantes, pero las soluciones no han llegado. “Hemos reportado a todo mundo, pero nadie se hace responsable, nadie quiere atorarle al toro”, dice López. Aun así, en abril OROMAPAS se acercó al pueblo prometiendo arreglar el problema, pero no hubo solución.
OROMAPAS no respondió múltiples solicitudes de entrevista realizadas por Global Press Journal.
Río abajo se encuentra la localidad de Sayulita, clasificada como un pueblo mágico donde conocidas personalidades del mundo del espectáculo se han visto desfilar en el último año. Aquí, en 2021, OROMAPAS asumió las funciones del Consejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Sayulita.
“Mucha de la gente que es originaria de aquí no quería [entregar el agua]. Sin embargo, como en todos lados donde empieza el desarrollo, hay cambios y la gente originaria del lugar sale sobrando”, dice otra habitante de Sayulita.
El consejo fue una entidad autónoma que para el aprovisionamiento del servicio se abastecía de los ingresos que se recibían de los pagos de los usuarios. Es decir, no se contaba con el presupuesto de instituciones públicas.
La gestión del agua potable por parte de OROMAPAS inició con la despersonalización del servicio, cuentan habitantes de Sayulita. Los usuarios dicen haber dejado de tener nombre propio y convertirse en un número. Los problemas técnicos relacionados con el aprovisionamiento comenzaron a tomar mayor tiempo del acostumbrado para su solución, la presión del agua disminuyó, se permitió el aprovisionamiento de agua a las localidades vecinas, y los pagos por el servicio se multiplicaron, dicen residentes de la zona.
“Por decir que cuando estaba la antigua administración pagaba 900 pesos anuales [50 dólares estadounidenses]. Hoy con la presente administración se pagan 2 o 3 mil pesos mensuales [110 o 165 dólares]. Hay un cambio gigante”, dice la misma habitante de Sayulita.
Ante el incremento del costo por el servicio, los habitantes han solicitado que se revisen las redes de agua potable, pero la atención ha llegado a tardar entre dos y tres meses y las soluciones suelen ser fallidas puesto que los técnicos no están suficientemente capacitados, dicen los habitantes.
“Conectaron mi medidor a la tubería del vecino”, dice la habitante, añadiendo que para solucionar el problema ha tenido que realizar todo un procedimiento burocrático que le ha costado varios meses sin tener éxito; mientras tanto, la cuenta sigue aumentando debido a los intereses que le cobran por no pagar los recibos que llegaron del medidor que fue conectado a la tubería equivocada, dice. Aun así, OROMAPAS le ha advertido que, de no pagar, cortarán el suministro, añade.
En Sayulita, el aprovisionamiento de agua a las localidades vecinas es otra novedad: “El servicio era 100% para la comunidad. Solamente se podía hacer una excepción cuando protección civil necesitaba una pipa de agua para atender una emergencia”, dice otra habitante. Sin embargo, actualmente los habitantes dicen observar cómo las pipas de agua salen de las áreas de rebombeo para llevar agua a las localidades vecinas mientras el pueblo carece del servicio completo.
“Llego a ver hasta cuatro pipas al día saliendo de uno de los tanques de rebombeo”, dice la habitante.
Siete kilómetros hacia el norte de Sayulita se encuentra el poblado de San Francisco, que por la noche sufre de los olores fétidos de las descargas de aguas residenciales, y donde una exclusiva empresa de hospedaje acaba de adquirir tierras para su próximo desarrollo turístico. Ahí se encuentra el único pueblo al norte de Bahía de Banderas que aún mantiene la administración del Consejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, pero el saneamiento se encuentra en manos de OROMAPAS.
Claudio Vázquez Madrigal, director del Consejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Francisco, explica que hay dos plantas de tratamiento del pueblo: una ubicada al lado del estero, instalada hace 50 años por el gobierno de Echeverría y la segunda 1 kilómetro arriba, la cual se puso a funcionar hace tres años, pero después de cuatro meses de uso, se rompió. Las dos podrían estar funcionando al 50% de su capacidad y el agua semi tratada podría estar desembocando directo al estero, dice Vázquez.
Aun así, desde hace algunos meses, el Consejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se ha visto presionado para entregar la administración del servicio a OROMAPAS, pero el pueblo se opone. La resistencia no es sencilla, explica Vázquez, puesto que no existe ninguna autoridad coercitiva que obligue a los morosos a pagar. Los usuarios del servicio deben acudir a las oficinas por su propio pie para liquidar su consumo, pero existen usuarios que se resisten.
Hay quienes declaran una sola toma, pero tienen varias viviendas que rentan en un mismo lugar, dice Elvia García Palomera, habitante originaria de San Francisco.
El servicio que ofrece el Consejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la localidad no es perfecto, dice García, pero resulta cercano a la gente y también en la organización comunitaria vislumbran la solución.
Sin embargo, cuando la administración del servicio pasa a manos de terceros, la comunidad pierde el control del servicio, lo cual no sería un problema mayor si las experiencias con la nueva gestión resultaran favorables, pero para San Francisco, los problemas que enfrenta con la calidad del servicio que ofrecen las plantas de tratamiento, más la experiencia de los pueblos vecinos, resultan una muestra tangible de la situación que le espera con el cambio de mando, dicen sus habitantes.
Se necesita respaldar al consejo de agua local para obligar a las personas a pagar sus facturas, dice García. De ese modo, San Francisco podría retener el control autónomo de su sistema de agua.
“Necesitamos un comité de apoyo al consejo de agua potable para hacer un inventario”, dice.
Corrección: La versión anterior de este artículo identificó incorrectamente el tanque que abastece al pueblo de agua potable. Global Press Journal lamenta el error.
