Sujetas a malos tratos, las trabajadoras del hogar luchan por obtener seguridad social

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — Rosario Zapata, a quien sus empleadores y familia llaman cariñosamente Chayito, se sube a unas pequeñas escaleras para alcanzar los objetos de las repisas altas. Mientras limpia con cuidado cada uno, recuerda cómo empezó a trabajar limpiando casas.

“Mi mamá, por necesidad económica, me metió a trabajar desde los 15 años”, dice Zapata.

A Zapata no le afectó que se interrumpiera su educación para limpiar casas, e insiste en que su hermana mayor siempre la acompañaba si tenía que caminar a casa en la noche. Le parecía que era lo normal; estaba rodeada de chicas que hacían lo mismo.

Con tres hijos, ha sido trabajadora del hogar durante casi 35 años. Dos de las casas a las que se traslada cada semana están a 40 minutos al norte de su casa en el sur de la Ciudad de México, y la tercera casa requiere un viaje de dos horas al Estado de México, todo en transporte público. El trabajo físico la ha mantenido en forma y saludable. Zapata se considera una persona con suerte, ya que trabaja con una familia que la trata bien.

México tiene una de las cifras más elevadas de trabajadoras del hogar de paga en el continente americano. Es un trabajo que va más allá de limpiar y cocinar: hacer jardinería e incluso cuidar niños. Muchas comienzan en el sector desde pequeñas, obligadas a dejar la escuela y apoyar a sus familias. Su poca formación educativa hace que no puedan dejar el trabajo doméstico y que tengan que acostumbrarse a un salario bajo, a malas condiciones laborales y, en ocasiones, a la explotación.

Zapata forma parte del 98% de las trabajadoras del hogar que no cuentan con un contrato regular. Hasta 2019, las trabajadoras del hogar estaban excluidas de la seguridad social a la que tiene derecho el resto de trabajadores y trabajadoras en México, que les ofrece atención médica, pago por enfermedad, pago por maternidad y un fondo para el retiro. Pero en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió esta protección a las trabajadoras del hogar, y declaró inconstitucional la exclusión. Aunque en 2019 las trabajadoras del hogar recibieron acceso al seguro social, el requisito de que sus empleadores las registraran para este beneficio era opcional. De las 2.3 millones de personas, en su mayoría mujeres, que realizan esta labor en México, solo 43 823 estaban registradas en el Seguro Social a marzo de 2022, más de tres años después de la reforma a la ley.

Aline Suárez del Real, GPJ México

Rosario Zapata es una de 2.3 millones de personas en México, en su mayoría mujeres, que son trabajadoras del hogar, cuyas labores pueden ir más allá de limpiar y cocinar, a la jardinería e incluso el cuidado de niños.

En noviembre de 2022, este registro se volvió obligatorio y los empleadores podían ser multados en caso de no cumplirlo. Pero Marcelina Bautista, activista que fue trabajadora del hogar durante 22 años, dice que la reforma aún no es suficiente para garantizar los derechos de quienes ejercen esta labor.

Bautista, quien en 2000 fundó el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, una organización que aboga por las trabajadoras del hogar y ofrece apoyo y capacitación, dice que todavía queda un largo camino por recorrer.

“El que hayan pasado las leyes, el que hoy estén, no necesariamente se están cumpliendo, por parte de los empleadores”, señala.

Para la trabajadora del hogar Edith Rosas, que vive en la Ciudad de México, las prestaciones ayudarían, pero no son el único problema al que se enfrenta. Como madre soltera de más de 50 años de edad y sin muchas cualificaciones laborales, el sector representa la opción de empleo mejor pagada para ella. Ha limpiado y cocinado para distintas familias desde que tenía 19 años, al tiempo que criaba a sus tres hijos. Recuerda que, por esforzarse para complacer a su empleador, no comía bien cuando comenzó, pero eso hizo que se enfermara. Trató de dejar el trabajo doméstico y aceptó un puesto como cajera, pero regresó al sector unos años después para ganar más dinero. Lamentablemente, explica, las condiciones no mejoraron.

“Aunque no todos los patrones son malos, muchos te tratan peor que un perro; son groseros, prepotentes y clasistas”, dice Rosas.

Aline Suárez del Real, GPJ México

Edith Rosas, que ha trabajado principalmente como trabajadora del hogar desde los 19 años, pasea por la avenida Reforma antes de regresar a preparar la cena en su lugar de trabajo en la Ciudad de México.

Durante las décadas que ha estado cuidando las casas de otras personas, ha vivido todo tipo de malos tratos: acusada sin pruebas de robar, se esperaba que trabajara horas extras sin pago ni previo aviso, se ha visto expuesta a gritos y lenguaje despectivo, y ha sido acusada de usar los artículos de limpieza de sus patrones.

Rosas se ha enfrentado al reto de obtener seguridad social. Un empleador la registró, pero dice que la despidieron unos meses después por no cumplir con las expectativas: la capacidad de cargar muebles pesados durante una mudanza.

“Solamente una vez me dieron seguro social. Pero ya casi para cumplir tres meses, la dueña me corrió de una forma muy grosera”, dice, al referirse a la familia que la despidió. “Yo le dije que, como ella me estaba corriendo, tenía que pagarme tres meses de sueldo. Nadie te lo va a dar, pero uno se pone al brinco”.

Bautista dice que las actitudes hacia el trabajo doméstico tienen que cambiar y tanto el empleador como la persona empleada deben contar con capacitación para administrar la seguridad social.

“El trabajo que estamos haciendo es que las trabajadoras conozcan que es un derecho de ellas. Hay un desconocimiento de ellas sobre sus derechos, y que también las empleadoras no lo tienen en el radar todo el tiempo. Entonces, eso hace que ambas partes no sepan qué hacer, cómo hacer, a dónde acudir, si es obligatoria o no”.

Bautista dice que su organización piensa capacitar a las trabajadoras del hogar para ayudar a “profesionalizar el trabajo de las compañeras” y, luego, colocarlas en trabajos donde reciban un contrato firmado que garantice sus prestaciones.