Mayela Sánchez, GPJ Mexico
Norma Mesino Mesino, defensora de los derechos humanos, afirma que su hermana, Rocío Mesino Mesino, fue asesinada por su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades rurales en el sur de México.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — Defender los derechos humanos es una actividad riesgosa en México. Los defensores de los derechos humanos actúan en los ambientes más peligrosos del mundo, donde son susceptibles de ser secuestrados, amenazados e incluso asesinados, según expertos.
México es uno de los lugares más peligrosos a nivel mundial para periodistas y defensores de los derechos humanos, según un informe de 2015 de las Brigadas Internacionales de Paz (BIP) y la Washington Office on Latin America (WOLA), que se traduce como Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de investigación y defensoría con sede en Estados Unidos.
El gobierno mexicano estableció en 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Desde entonces, 464 personas han recibido protección de este programa, según detalla María Celia Suárez Pacheco, directora de evaluación y riesgo en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, la oficina gubernamental a cargo de coordinar el mecanismo. De esas 464 personas, 194 han sido mujeres.
El programa está diseñado para proveer distintos tipos de protección, incluyendo guardaespaldas, cámaras de vigilancia, cerraduras especiales, botones de pánico, teléfonos satelitales o vehículos blindados.
Pero el programa ha sufrido importantes faltas de fondos y personal desde sus comienzos, según el informe de 2015 de BIP/WOLA. Hay casos pendientes y hay retrasos en las evaluaciones de riesgo, añade el documento. Algunas personas han tenido que esperar más de un año para recibir una respuesta.
Patricia Colchero Aragonés, a cargo de monitorear la prevención y el análisis para la unidad, afirma que ésta no tiene un diagnóstico sobre las condiciones enfrentadas por los defensores a los que ha dado medidas de protección. Dice que planean realizarlo este año.
Mientras se intenta mejorar el programa, defensores de los derechos humanos ponen en riesgo su vida cada día. Aquí están las historias de tres mujeres que eligieron correr ese riesgo.
Norma Mesino Mesino
Cuando Norma Mesino Mesino habla sobre su hermana Rocío Mesino Mesino, se le quiebra la voz y los ojos se le humedecen.
Rocío Mesino Mesino fue asesinada el 19 de octubre de 2013 mientras supervisaba la reconstrucción de un puente en Mexcaltepec, una comunidad en el estado de Guerrero, suroeste de México. El puente se había dañado hacía un mes por una tormenta.
Rocío Mesino Mesino era uno de los líderes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). La organización instruye a las comunidades campesinas de la sierra de Guerrero sobre sus derechos y los ayuda a registrar y denunciar abusos contra los derechos humanos.
Otro de sus hermanos, Miguel Ángel Mesino Mesino, también era miembro de la OCSS. Él fue asesinado el 18 de septiembre de 2005. Testigos del hecho indicaron que tres hombres le dispararon por la espalda, según relata Norma Mesino Mesino.
Norma Mesino Mesino, de 43 años, también es miembro de la OCSS.
Ella piensa que los asesinatos de sus hermanos tuvieron relación con su activismo, según cuenta. Dice que ellos se manifestaban sobre asuntos tales como desarrollo sustentable y derechos humanos y que esto seguramente incomodaba a los caciques –líderes políticos o indígenas. Pero añade que no tiene certezas, porque ninguno de los crímenes ha sido esclarecido.
“Nosotros sabíamos que estábamos en riesgo por ser defensoras de derechos humanos”, dice Mesino Mesino. “En cierta forma, estás consciente de que corres riesgo porque afectas intereses”.
Los caciques están fuertemente conectados con el gobierno y los partidos políticos y ahora el crecimiento de los cárteles de droga en la región ha incrementado el peligro, según un informe elaborado en 2015 por la Open Society Justice Initiative, que se traduce como Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta, en colaboración con dos centros mexicanos de derechos humanos, uno de ellos con sede en el estado de Guerrero.
Guerrero es considerado la fuente de entre 50 y 70 por ciento de la producción total de heroína del país, según un informe publicado en 2015 por el Mexico Institute, que se traduce como Instituto México, del Wilson Center, con sede en Washington D.C. De todas formas, el informe reconoce que no hay cifras confiables al respecto.
Tras el asesinato de su hermana, Mesino Mesino asumió el liderazgo de la OCSS.
“Yo no tengo otra forma de hacerle justicia a mis hermanos más que esa, porque nosotros somos una familia de defensores”, dice.
El 13 de octubre, Mesino Mesino encabezó una caravana de mujeres hacia la Ciudad de México, capital del país, para demandar justicia por el asesinato de Rocío Mesino Mesino. Los participantes realizaron protestas públicas y un mitin por los ataques contra los defensores de derechos humanos.
Norma Mesino Mesino dice que su hermana no dimensionó el riesgo que corría. Mesino Mesino toma en cambio mayores precauciones: evitar viajar cuando anochece, no frecuentar mucho sitios donde no hay señal de teléfono o tener cuidado en cómo denunciar los abusos.
Sin embargo, dice que eso no ha impedido que sea hostigada y amenazada.
Una ley federal de 2012 estipula protecciones para personas en peligro por defender los derechos humanos. En octubre de 2014, Mesino Mesino solicitó protección bajo esta ley, pero dice que le fue denegada con el argumento de que no se habían identificado amenazas que la pusieran en riesgo.
La sociedad patriarcal mexicana intenta ocultar a las líderes mujeres y su trabajo, según señala Atziri Ávila, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
“No es que haya pocas mujeres defendiendo los derechos humanos, al contrario”, dice. “Hay una cuestión de género que no es responsabilidad de los hombres en sí, sino que es parte del sistema patriarcal en el que hemos vivido”.
Ávila añade que el trabajo de las defensoras es menos visible que el de sus contrapartes masculinas, lo cual coloca a las defensoras en mayor riesgo.
Mesino Mesino dice que ha podido curar el trauma de la muerte de sus hermanos dando a conocer la historia de su familia y haciéndose ella misma más visible.
Poco después de que su pedido de protección fuera rechazado, Mesino Mesino llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la protección de los derechos humanos en el continente.
El 25 de febrero de 2015, la comisión ordenó al gobierno mexicano adoptar medidas de protección para Mesino Mesino y 10 miembros de su familia, al considerar que sus vidas e integridad personal estaban en riesgo.
Mesino Mesino dice que aún se siente amenazada, pero que piensa continuar con su trabajo.
“A veces el miedo se te convierte en coraje”, dice. “Ese miedo lo podemos traducir en lucha, en participar”.
Nadín Reyes Maldonado
Nadín Reyes Maldonado dice que, desde hace ocho años, se siente constantemente vigilada y seguida. Nunca ha sido atacada, pero eso no la tranquiliza.
Por el contrario, está nerviosa. Dice que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Asegura que la suelen seguir hombres que, aunque no usan ningún uniforme, tienen el cabello casi rapado, como los de los policías o militares.
“Es el mensaje y también una de las intenciones”, dice. “Si no te agreden directamente, están metiéndote esa idea de ‘Estamos aquí y si no es ahorita, en cualquier momento te podemos hacer algo’”.
El padre de Reyes Maldonado, Edmundo Reyes Amaya, desapareció en mayo de 2007. Fue detenido junto con otro hombre, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en un operativo en el que participaron policías y militares. Nadie más los vio después de eso.
Cuenta que, en aquel entonces, ella no sabía que su padre y Cruz Sánchez eran miembros del Ejército Popular Revolucionario, una organización guerrillera opositora al gobierno mexicano.
Los familiares se enteraron de la militancia política de ambos hombres cuando el grupo guerrillero alertó sobre la desaparición.
Para la familia de Reyes Maldonado, la noticia de su militancia fue una sorpresa, según dice. Pero desde entonces, Reyes Maldonado, de 33 años, ha trabajado para defender los derechos humanos en su comunidad.
Mientras exigía en público la presentación con vida de su padre, Reyes Maldonado conoció más casos de personas que luchaban por los derechos sociales y civiles en sus comunidades, y que desaparecieron repentinamente. Junto con Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, creó entonces el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!, para documentar y denunciar casos de desaparición forzada y de generar consciencia sobre el tema.
La organización ha documentado 150 casos, ocurridos de 2006 a la fecha, según dice Reyes Maldonado.
Las desapariciones han aumentado en México, junto con la intensidad de los crímenes violentos y las violaciones a los derechos humanos, según un informe de 2013 de Amnistía Internacional.
A la fecha, hay registro de más de 27.500 desapariciones, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Los defensores que no han sido víctimas de secuestro o asesinato se enfrentan, de todas formas, con circunstancias difíciles. Las mujeres, en particular, deben luchar contra una intensa presión para dejar su trabajo. La intimidación y el hostigamiento psicológico han sido las principales formas de agresión hacia mujeres defensoras de los derechos humanos entre 2012 y 2014, según un registro de agresiones a mujeres defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Este registro, que documenta casos de México y Centroamérica, pretende solventar la falta de un registro oficial sobre agresiones a mujeres defensoras en la región, dice Ávila, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
Reyes Maldonado, que ha solicitado protección de la red nacional, implementa ahora sus propias medidas de protección, pero asegura que la alerta permanente en la que vive es desgastante y estresante.
Considera que el cansancio o el estrés son señales que le da su cuerpo a las que debe prestar atención.
“Es importante también tener estas medidas de protección y de salud, de cuidarnos, porque si no estamos sanas tampoco puedes continuar con tu labor”, dice.
Claudia Erika Zenteno Zaldívar
Claudia Erika Zenteno Zaldívar ha sido hostigada, intimidada e incluso golpeada por personas que quieren detenerla de denunciar construcciones ilegales en áreas protegidas.
Pero los peores momentos que vivió en sus casi 20 años de activismo pasaron cuando su hijo fue secuestrado.
Fue en noviembre de 2010. El joven de 20 años fue retenido por nueve días. El mensaje de los captores a Zenteno Zaldívar era claro: deja de denunciar proyectos de construcción ilegal.
Pero ni eso detuvo a Zenteno Zaldívar, de 50 años, de seguir con su activismo en la delegación Xochimilco, en el Distrito Federal de México.
Desde 1997, Zenteno Zaldívar ha venido denunciando construcciones ilegales en la laguna de Ciénaga Chica y los campos de cultivo flotantes, o chinampas de Xochimilco. Estas zonas se encuentran dentro del Área Natural Protegida de Xochimilco y las tierras públicas de San Gregorio Atlapulco, protegidas por un decreto gubernamental de 1992.
Zenteno Zaldívar denunció las construcciones ante diferentes oficinas públicas, pero nunca pudo detenerlas, según cuenta.
Zenteno Zaldívar dice que ha sido hostigada a causa de su trabajo. Le tiraron animales muertos en la puerta de su casa. Le hicieron burlas o llamadas intimidatorias por teléfono. La golpearon a ella y a sus familiares cuando intentaba fotografiar un camión con materiales de construcción. Su carro fue dañado.
Luego, tuvo lugar el secuestro de su hijo.
“¿Qué es lo que me mantiene? La convicción de que esto cambie y que la zona no siga siendo devastada”, dice. “No quiero ser cómplice de otros. No quiero decir ‘pude haber hecho más, y no lo hice’”.
En México, no hay registros oficiales de ataques contra defensores de los derechos humanos, según afirma Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. La experta añade que la falta de un registro oficial y confiable es un obstáculo para hacer que el trabajo de gente como Zenteno Zaldívar se haga visible y se comprenda.
A pesar de que no hay un registro oficial, algunas instituciones se han esforzado por rastrear incidentes.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos publicó un informe que da cuenta de 616 ataques contra defensoras de los derechos humanos en México entre 2012 y 2014.
Entre los ataques más comunes contra defensoras, la iniciativa registró casos de intimidación, hostigamiento psicológico, amenazas, calumnias, campañas de injurias, excesivo uso de la fuerza, detenciones ilegales y criminalización, según el informe.
Zenteno Zaldívar dice que ella es una de las defensoras que han recibido protección del mecanismo nacional gubernamental de 2012. Se vio beneficiada con algunas de las más altas medidas de seguridad, pero prefiere no compartir los detalles por seguridad.
Zenteno Zaldívar agrega que, a pesar de los beneficios, estas medidas han limitado su libertad de expresión y movimiento, y que, en su opinión son una forma de control sobre ella.
“Cuando el Estado haga su trabajo, no debería estar existiendo lo demás”, dice.
Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de la versión en inglés.
