Lilette A. Contreras, GPJ México
Yoilimar Gámez, de 4 años, recorre las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a su madre, Yaneisi Gámez.
CHIHUAHUA, MÉXICO — Yaneisi Gámez y su hija, Yoilimar Gámez, de 4 años, llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de marzo de 2023, tras un viaje de 19 semanas desde su natal Venezuela. Su objetivo era entrar a Estados Unidos desde un cruce seguro.
Al llegar a la ciudad fronteriza, se dirigieron a la zona centro, un punto de encuentro entre quienes están en situación de movilidad, debido a su cercanía con la ciudad estadounidense de El Paso, en el estado de Texas. En esta zona hay oficinas gubernamentales y de migración.
En una situación habitual, las autoridades locales les habrían entregado folletos con información de refugios y de derechos de las personas que llegan de otros países, una actividad que el ayuntamiento realiza, aunque acepta que no puede llegar a todos los viajeros. Sin embargo, en ese momento solo las recibió un grupo de personas instaladas en carpas en la calle, quienes se negaban a entrar en albergues gestionados por el gobierno.
El rechazo se debía al temor de ser deportados por las autoridades mexicanas o a que se produjera algún siniestro, señala Ansony Pineda, un venezolano en situación de movilidad que se encontraba en la ciudad días antes de la llegada de Gámez y su hija. Ese día, un grupo de migrantes detenidos provocó un incendio en una instalación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), la agencia gubernamental que regula el ingreso, tránsito y salida del país. El INM rechazó hacer comentarios a Global Press Journal.
Según el gobierno federal, el incendio inició como una forma de protesta, luego de que los migrantes se enteraran que serían deportados. El saldo fue de 40 muertos. Este hecho aumentó la desconfianza de las personas migrantes hacia las autoridades mexicanas, así como su capacidad para mantenerlas seguras.
Estos acontecimientos acentuaron la insuficiente capacidad de atención migratoria que existe en Ciudad Juárez, un punto de cruce que ha visto un aumento en el tránsito en los últimos años y que no asegura que quienes buscan atravesar la frontera reciban información esencial. Esta situación, agravada por la desconfianza, dificulta la estancia digna de las personas que vienen de otros países.
Gámez y su hija permanecieron en las carpas del centro de la localidad durante casi dos meses, hasta que en mayo, el ayuntamiento de Ciudad Juárez las desalojó. En un intento de reubicar a todas las personas, les ofrecieron un albergue provisional en otras carpas que se instalaron a unos cuantos metros. En ese lapso, Gámez asegura que ningún funcionario se acercó a ellas para explicarles sus derechos ni cómo acceder a refugios oficiales. Entonces, por temor a que otro albergue se incendiara, madre e hija se mudaron con un centenar de migrantes a un comercio de refrigeración abandonado, donde delimitaban los espacios con cobijas y telas.
“Aquí nunca ha venido nadie a darnos información”, coincide Pineda, de 28 años, quien se mudó al mismo edificio de refrigeración.
Por su parte, Héctor Ortiz Orpinel, secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, asegura que el gobierno local comparte folletos con datos de albergues oficiales, dirección de puentes internacionales e información sobre derechos y obligaciones de personas en situación de movilidad. Sin embargo, acepta que sus esfuerzos difícilmente llegan a quienes viven fuera de los albergues.
María Inés Barrios de la O, coordinadora de la especialidad y maestría en estudios de migración internacional de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), una institución educativa especializada en la frontera México-Estados Unidos, considera que el gobierno no cuenta con una estrategia de comunicación en los canales a los que tienen acceso las personas en situación de movilidad.
“Las redes sociales son el punto más importante de comunicación de las personas migrantes, entonces hay que pensar en una estrategia que vaya orientada a los medios que utilizan o a los que tienen acceso las personas migrantes”, dice.
Para migrantes como Gámez y Pineda, esta falta de estrategia se traduce en desinformación y en la imposibilidad de acceder a servicios básicos, así como a la asesoría legal, psicológica y médica que ofrecen las instalaciones migratorias para dignificar la vida de quienes están en tránsito.
“Existe mucha desinformación; desde que salen de sus países ya saben a dónde tienen que llegar, porque alguien les dijo que no llegaran a los albergues”, dice Barrios de la O.
Juárez, rebasado por la migración
El flujo migratorio de Ciudad Juárez comenzó a aumentar en 2019, pues los migrantes percibían que ahí había un cruce fronterizo más seguro en comparación con otros pasos de mayor tránsito, como Matamoros, en Tamaulipas, y Tijuana, en Baja California, explica Barrios de la O.
La pandemia y las subsiguientes crisis económicas en América Latina atrajeron a más migrantes que aspiraban a llegar a Estados Unidos desde esta zona fronteriza. En respuesta, instancias públicas y privadas comenzaron a habilitar albergues y centros de atención a migrantes. Ahora, Juárez es uno de los puntos más recurridos por quienes están en situación de movilidad, dice la especialista.
Sin embargo, la cantidad de migrantes supera la capacidad para atenderlos.
En abril de 2023, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pidió al gobierno federal atender lo que llamó la “grave crisis humanitaria” y señaló que, según conteos de asociaciones civiles y religiosas, había más de 35,000 personas en condición de movilidad en Ciudad Juárez. Barrios de la O estima que diariamente llegan entre 300 y 500 personas. Muchas de ellas, como Gámez y Pineda, son de origen venezolano.
La migración desde Venezuela es considerada la mayor movilización humana de la historia reciente de la región. Desde 2016, 7.7 millones de personas han salido del país, según cifras de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, para escapar de la crisis humanitaria y económica.
Una publicación de El Colef de diciembre de 2022 estima que en seis años, México y Estados Unidos recibieron, respectivamente, a 400,000 y 500,000 personas provenientes del país sudamericano.
‘Nunca debí venirme para acá’
Gámez permaneció en Ciudad Juárez durante casi cuatro meses. Durante ese periodo, sobrevivió gracias a un empleo ocasional como encargada de limpieza de un salón de eventos, pero al igual que muchos de sus compañeros, temía ser deportada o acabar en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
Para ella, el tiempo en esta ciudad fronteriza fue “una pesadilla” a la que sobrevivió gracias a su firme anhelo por llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor. “Nunca debí venirme para acá”, se lamenta.
Cansada de su situación y preocupada por el bienestar de su hija, Gámez viajó a Matamoros, Tamaulipas, otra ciudad con cruce entre México y Estados Unidos, a más de 1,000 kilómetros (621 millas) de distancia. Esta es considerada una de las fronteras más peligrosas de México, debido a la actividad del crimen organizado y la violencia asociada.
Ahí, ella y Yoilimar se entregaron a las autoridades estadounidenses, en un esfuerzo desesperado por salir de México. Bajo la jurisdicción estadounidense, Gámez asegura que ella y su hija fueron recibidas en calidad de refugiadas; posteriormente, viajaron a la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, donde se reunieron con amigos de Venezuela.
“Por fin terminó la pesadilla”, dice Gámez con la voz entrecortada.
