OAXACA DE JUÁREZ, MÉXICO — A la galardonada periodista Soledad Jarquín la consume por completo la lucha por justicia tras la muerte de su hija.
“Cada día que pasa lo que veo enfrente de mí es una pared que crece y crece mientras estoy tratando de escalarla sin lograr alcanzar el final”, dice. “Es el reflejo de ese sentimiento de impotencia que proviene de la mezcla de la impunidad en la que se mantiene el feminicidio de mi hija, aunado al fuerte dolor de haberla perdido para siempre. Es tan fuerte todo que afecta día a día la vida de todos en mi familia”.
María del Sol Cruz Jarquín era fotógrafa y fue asesinada por arma de fuego en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el 2 de junio de 2018. Sin embargo, fue hasta octubre de 2021 cuando se tipificó su muerte como feminicidio en lugar de homicidio. Y, sin embargo, dice Jarquín, ella sigue sin saber nada de las autoridades sobre el caso de su hija.
Una cuarta parte de los 4,002 homicidios de mujeres en México fueron tipificados como feminicidios en 2021. Se define como feminicidio, el asesinato de una niña o mujer por razones de género, lo cual se determina mediante ciertos criterios como evidencia de violencia sexual antes de la muerte de la persona o una relación de confianza con el perpetrador. Pese al alarmante incremento en el número de feminicidios, quienes participan en campañas indican que muchos casos no se consideran feminicidios desde el principio y como resultado se pierde la oportunidad para realizar importantes procedimientos de investigación. Muchos de los homicidios de mujeres se clasifican como homicidio culposo, que podría implicar un accidente, de manera que el estado puede desentenderse de hacer políticas públicas para prevenir la violencia de género.
Al igual que muchos familiares de quienes han muerto por feminicidio, dice Jarquín, ella ha tenido que presionar a las autoridades para que investiguen la muerte de su hija. El verano pasado, la falta de acción la impulsó a llevar su caso a Ginebra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas. Fue el primer caso de feminicidio ocurrido en Oaxaca que recibió el comité.
Esa no fue la primera vez que Jarquín había llevado su caso fuera del sistema de justicia mexicano. En noviembre de 2021 se presentó ante un tribunal feminista en Oaxaca, encabezado por un panel de juezas. Las expertas estudiaron el caso de Jarquín, junto con otros seis casos de feminicidio, y decidieron llevarlo ante las cortes internacionales. Una de las organizadoras del tribunal, la organización no gubernamental Consorcio Oaxaca, que defiende los derechos de las mujeres, acompañó a Jarquín a Ginebra.
En el cuarto aniversario de la muerte de su hija, Jarquín compareció ante el Consejo de Derechos Humanos, un organismo intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas. Jarquín dice que sus miembros esperaban que hablara una representante de Consorcio Oaxaca, pero tocó a la propia Jarquín tomar el micrófono.
“Tenía que evitar que se me quebrara la voz y evitar llorar porque tenía el tiempo [limitado a minuto y medio] y tenía que aprovecharlo perfectamente. Me dije, ‘Después lloras, después haces lo que quieras, pero aquí te aguantas y lo dices’”.
Ahora, lo único que le queda a Jarquín es mantener la esperanza y aguardar a que la corte internacional haga las precisas recomendaciones al sistema mexicano para tratar el caso. Como miembro de la ONU, México está legalmente obligado por las resoluciones que aprueben los organismos de la ONU.
A su regreso de Ginebra, a Jarquín se le notificó que los tribunales mexicanos habían resuelto el robo de las pertenencias de su hija después de su muerte. Tras un juicio de dos días, a la persona identificada únicamente por sus iniciales, se le declaró culpable y sentenció a 13 años de cárcel. No obstante, a Jarquín aún le falta mucho para recibir justicia por el feminicidio de su hija.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que monitorea la falta de justicia para quienes han muerto por feminicidio, explica que en México existe un patrón de impunidad.
“Se siguen generando las condiciones para que se sigan repitiendo estos patrones y no logran prevenir y sancionar a los responsables. Estos son los principales obstáculos a la justicia”, dice Estrada Mendoza. “Actualmente, el problema para acreditar el delito de feminicidio se encuentra en la falta de debida diligencia y perspectiva de género en las investigaciones del delito, ocasionando que este tipo de hechos queden en total impunidad”.
Jarquín, quien en 2006 ganó el Premio Nacional de Periodismo, dice que su lucha por la justicia ha significado gradualmente dejar de lado su profesión: “Conforme avanza el tiempo, cada vez me dedico menos al periodismo y más a la causa de la justicia de mi hija”, dice. “Las víctimas indirectas que somos las familias no tendríamos que exigir justicia si el sistema funcionara. Nos llegarían notificaciones de cómo va el proceso o nos mandarían avisos explicando cuándo tenemos que presentarnos. No daríamos vueltas y vueltas en los tribunales para preguntar cómo van nuestros casos, acudir a marchas porque no hay avances, y aún menos, como ha sucedido muchas veces, ser las mismas madres quienes hacen sus propias investigaciones”.
Pese al incremento de casos de feminicidio, se piensa que existe un gran subregistro de feminicidios en el país y que esto se debe a que muchos estados los clasifican como homicidios, dice Irene Tello, ex directora de Impunidad Cero, una organización no gubernamental que monitorea la impunidad en México.
“Cuando no se cataloga como feminicidio, no se siguen los protocolos de investigación debidos, incluso mucho más grave cuando … se acaba determinando como homicidio culposo, lo que quiere decir que quien cometió el delito no lo hizo con dolo sino que fue un accidente. Tiene mucha mayor repercusión en la manera en cómo se acaba de armar el caso”, explica Tello.
En diciembre de 2022, al renunciar a su cargo como Fiscal General del Estado de Oaxaca después de casi dos años, Arturo Peimbert dijo en una entrevista televisada que su fiscalía era una de las más pobres y menos pagadas en un estado con grandes retos de justicia y que esto daba lugar a muchas dificultades en la impartición de justicia. Sobre la elevada tasa de feminicidios en el estado dijo: “Yo lo pondría en el nivel más alto de prioridad”.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde José Bernardo Rodríguez Alamilla sustituyó a Peimbert, no respondió a una solicitud de comentario.
María Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (que funciona como parte de la Secretaría de Gobernación) a quien acudió Jarquín en 2020, dice que el número de casos abiertos constituye una deuda pendiente de las instituciones públicas.
“Nos duele profundamente esta situación”, agregó.
El fracaso del sistema de justicia se extiende más allá de Oaxaca. En Chiapas, Nora Zenteno Juárez todavía espera que se haga justicia por la muerte de su hija, Lissette Paulina Gómez Zenteno, en diciembre de 2019.
“Mis dudas empezaron cuando no investigaron ni detuvieron a la pareja de mi hija, que fue la última persona que la vio con vida y que ya había sido violento con ella y conmigo. Para cuando la policía lo citó para interrogarlo”, dice Zenteno Juárez, “había pasado casi un mes, y él ya había desaparecido”.
Zenteno Juárez añade que, a finales de 2020, la fiscalía determinó que la causa de la muerte de su hija había sido suicidio. Entre tanto, la pareja de su hija murió, dejando a la familia con muchas preguntas sin respuesta.
La Procuraduría General de Chiapas declinó comentar.
“Cada vez que asesinan a una mujer, todos deberíamos estar afuera exigiendo justicia, que se entienda que esa es una herida para todos como sociedad”, explica Jarquín. “Con el paso de los años, nuestra salud física y emocional se va fracturando. Tengo cinco años de no dormir una noche completa”.
Ena Aguilar Peláez es una reportera de Global Press Journal con sede en México.
Marissa Revilla es una reportera de Global Press Journal que vive en San Cristóbal de Las Casas, México.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Martha Macías, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.