BUENOS AIRES, ARGENTINA — Celeste Quintana, de 32 años, hace círculos con el pie mientras aguarda, en la sala de espera abarrotada de un hospital público, que su hematóloga la llame.
Quintana vive con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en los glóbulos blancos, y está muy preocupada. En diciembre de 2023, después del cambio de gestión, el Estado dejó de entregarle la medicación para la quimioterapia que mantiene la enfermedad a raya. Consiguió continuar parcialmente su tratamiento gracias a donaciones de particulares, pero no siempre fueron suficientes: Una de las sesiones de quimioterapia debió realizarla con apenas la mitad de la dosis que necesitaba.
Casi cinco meses y un amparo judicial más tarde, Quintana logró que el gobierno le volviera a dar tres dosis de la medicación. Sin embargo, no sabe qué va a pasar cuando se terminen, ni cuáles pueden ser las consecuencias de demorar el tratamiento.
“Fue una tortura. En un momento pensé que no me iban a dar nunca la medicación. Había bajado los brazos”, lamenta Quintana. “Al peso de la enfermedad se suma el de luchar contra el sistema”.
Como Quintana, un gran número de profesionales de la salud, pacientes y sindicalistas están luchando contra el sistema: Ellos coinciden en que las medidas del gobierno de Javier Milei, como la reducción del gasto en salud, disminuyen el acceso y la calidad de la atención médica.
Empezó con el presupuesto: Cuando asumió Milei en diciembre, optó por prorrogar el presupuesto de 2023 sin actualizarlo por inflación, la cual en aquel mes acumulaba 227,31% anual. La consecuencia para la salud fue severa: En términos reales, el Estado gastó un 35% menos en salud en el primer trimestre de este año que durante el mismo período de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un “think tank” argentino.
Además, Milei liberó los precios de las cuotas de la medicina privada en diciembre de 2023 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que modificó o revocó más de 300 normas. Esas cuotas acumularon un 141% de aumento entre diciembre y abril de este año en el Gran Buenos Aires, compuesto por la ciudad capital y 24 ciudades cercanas. Los aumentos pueden llevar a usuarios a depender del ya subfinanciado sistema de salud público.
El mismo gobierno presentó un amparo en la justicia contra esos aumentos que calificó como abusivos. A principios de este mes, la justicia falló a su favor y ordenó a las prepagas retrotraer los precios a los de diciembre de 2023, ajustados por inflación, y devolver lo cobrado de más. Las empresas están recurriendo por los reembolsos y los plazos.
Las políticas de austeridad incrementaron también los despidos, dejando a trabajadores sin cobertura de salud y obligándolos a utilizar el ya insuficiente servicio público. Desde que asumió Milei hasta febrero, según los últimos datos disponibles, el empleo en el sector privado cayó 1% y, en el sector público, 0.6%. En total, se perdieron 84.313 puestos de trabajo. A principios de abril, el vocero presidencial anunció el cese de otros 15 mil contratos de trabajadores estatales.
Medicación interrumpida
Quintana es beneficiaria de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), organismo que subsidia la compra de medicamentos e insumos a personas sin cobertura médica. No es la única a quien se le ha suspendido la medicación.
La agencia dejó de responder a pacientes desde el cambio de gestión, dice Alexis Descourvieres, integrante de la Alianza Argentina de Pacientes, una asociación sin fines de lucro que defiende los derechos de pacientes y personas con discapacidad. Al menos siete personas en tratamiento contra el cáncer murieron esperando que la Dirección retome la entrega de sus medicamentos, dice.
“En algunos casos vivís con dolor o vivís con discapacidad. Se te pone duro el cuerpo o no tenés fuerza. Hay otros casos que se mueren”, dice Descourvieres. “Están haciendo un ahorro en la vida de las personas, donde más se necesita”.
El Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la Dirección, no accedió al pedido de entrevista de Global Press Journal, pero informó mediante un comunicado oficial que el organismo está funcionando para dar respuesta a los pedidos de medicación oncológica por orden de urgencia.
“A la angustia y el padecimiento que genera la enfermedad no es necesario [sumar] la angustia y el padecimiento que genera el abandono”, lamenta Descourvieres.
Eso pasa en un contexto en que los precios de los medicamentos están en alza: El gobierno anterior los mantuvo a raya hasta octubre de 2023 mediante acuerdos con las farmacéuticas, política que Milei no continuó.
“Muchas personas están descontinuando hoy sus tratamientos. Ya estamos viendo internaciones por descompensación de enfermedades crónicas”, explica Pablo Maciel, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Las ventas de medicamentos recetados bajaron un 16% en enero de este año, comparados con el mismo mes de 2023. Esto implica casi 7 millones de tratamientos caídos, según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos.
A 16 kilómetros de donde se trata Quintana, en otro centro de salud público, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, una médica que pide no difundir su nombre por temor a ser despedida, se las ingenia para diagnosticar y tratar a sus pacientes con los recursos disponibles.
A veces lidia con equipamiento roto, como la bomba de un tomógrafo que durante cinco meses le dificultó detectar coágulos en los pulmones de sus pacientes, o un endoscopio que se utiliza para tratar o diagnosticar problemas en el páncreas que lleva un año fuera de servicio. Otras veces no cuenta con los medicamentos que necesita para tratar a los pacientes internados.
“Es ilógico que en el 2024 tengamos que volver a hacer una medicina de la prehistoria cuando tenemos un montón de avances tecnológicos que deberían hacer más fácil resolver los problemas de la gente”, dice.
Ella reconoce que si bien la salud pública ya venía con dificultades desde antes de esta gestión, la falta de acceso a la medicación se empezó a sentir con más fuerza este año, con el recorte del presupuesto. “El no poder pagar la medicación ya venía sucediendo. No es que estábamos exentos de eso, pero en los últimos meses es terrible”, dice.
En el primer trimestre de este año, el hospital tuvo un presupuesto ejecutado 24% menor que el año anterior, según el mismo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El departamento de comunicación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas afirmó, vía email, que el hospital está funcionando normalmente, sin la interrupción de ningún servicio ni atención a la comunidad.
Mientras tanto, Quintana sigue con alerta las políticas del Gobierno.
“Cuando ganó, yo estaba estresada llorando en mi cama. Algunos me decían: ‘No va a pasar nada, no va a tocar la salud, no puede’”, recuerda Quintana sobre la asunción de Milei. “Si sacan la salud pública, yo quedo en la nada”.
