Editorial Team
Publication Date
November 18, 2021
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Vanesa, empleada de limpieza de una escuela, no pudo pagar el alquiler después de perder su segundo trabajo debido a la pandemia.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Luego de meses de incertidumbre, finalmente llegó la orden de desalojo: a Vanesa, una madre a cargo de un hogar monoparental que solía tener dos trabajos, le quedaban 10 días para dejar su departamento.
“De tener dos trabajos a tener uno se me complicó un montón”, dice la empleada de limpieza escolar de 44 años, que también trabajó como asistente de cocina hasta que fue despedida debido a la pandemia. “Entre darle de comer al nene o pagar el alquiler, tuve que elegir la comida”.
Su situación está impulsada por un inusual aumento vertiginoso de los alquileres en Argentina, en un momento en que la inflación creciente ya ha deprimido los salarios.
En la ciudad de Buenos Aires, capital del país, los alquileres en julio fueron un 64% más altos que un año atrás, según el portal inmobiliario Zonaprop. El repunte fue en contra de la tendencia en las capitales de los países vecinos Uruguay y Chile, donde los precios de alquiler han caído en comparación con 2020.
Para personas que alquilan como Vanesa, quien pidió no revelar su apellido por temor a represalias, los aumentos fueron devastadores. Después de perder su segundo trabajo el año pasado, no pudo pagar los 25,000 pesos argentinos mensuales ($250) que costaba alquilar su departamento suburbano de tres ambientes. Vanesa no ha podido encontrar una alternativa asequible, incluso cuando busca un lugar más pequeño.
Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, culpa a una ley aprobada en junio de 2020, que fue diseñada para proteger a las y los inquilinos del aumento de los alquileres.
Según la legislación, el estado limitó el porcentaje en el que se puede aumentar el alquiler cada año. También amplió el contrato de alquiler mínimo de dos a tres años, con el objetivo de dar mayor seguridad a quienes alquilan. Antes de que la ley entrara en vigencia, las personas propietarias y quienes alquilan podían negociar sus propios términos, y algunas personas propietarias ajustaban el alquiler cada dos o tres meses de acuerdo con la inflación.
Las nuevas reglas han dejado a quienes rentan “más vulnerables”, dice Bennazar, ya que las y los propietarios han respondido con aumentos abruptos en los costos iniciales de alquiler. Añadió que muchas personas propietarias también han retirado propiedades del mercado, prefiriendo vender en lugar de alquilar, ya que ven los cambios como menos rentables. “A menor oferta y mayor demanda, impacta el precio”.
La pandemia mantuvo a raya los aumentos de los alquileres durante un tiempo. En marzo de 2020, el gobierno decretó una suspensión de 12 meses sobre los aumentos y los desalojos. Pero desde que terminó esta medida, destinada a proteger a quienes alquilan en un momento de incertidumbre inducido por la pandemia, las y los inquilinos han sentido la presión.
Después de su desalojo, Vanesa se mudó al departamento de su madre, donde comparte un dormitorio con su hijo de 13 años.
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HAGA CLIC PARA LEERProyecto 7, una organización que ayuda a las personas sin hogar, estima que la cantidad de personas que viven en la calle en Buenos Aires ha crecido casi un tercio desde 2019, cuando un censo situó la cifra en más de 7,000.
“La mayoría es gente que nunca estuvo en la calle”, dice Horacio Ávila, coordinador del grupo. “No tiene ni idea de lo que es vivir en la calle”.
Los desalojos también han aumentado desde que se levantó su prohibición. Desde abril hasta principios de septiembre, se registraron cerca de 1,500 causas judiciales de desalojo en la ciudad de Buenos Aires, según cifras del gobierno. En comparación, en 2019, la ciudad registró 3,297 causas.
Ávila atribuye el aumento de los desalojos y la falta de vivienda a los despidos pandémicos y al aumento de los alquileres.
En este contexto inmobiliario precario, muchas personas jóvenes argentinas están recurriendo a compartir departamentos con amistades, como es común en las grandes ciudades con alquileres caros como Londres o Nueva York. Otras están soportando viviendas deficientes, ya que no pueden permitirse iniciar nuevos contratos.
En el centro de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Azzolina y Mariana Cruz Lamas, ambas de 29 años, están desesperadas por mudarse del departamento de dos dormitorios que comparten. Las amigas señalan las crecientes grietas en las paredes y los techos, que dicen que el propietario no está dispuesto a reparar. Pero debieron pausar la búsqueda por los aumentos de precios. “Es muy frustrante”, dice Azzolina.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, una de las organizaciones que hizo campaña a favor de la nueva ley, sostiene que debe haber mayores regulaciones para detener el alza de los alquileres.
“El mercado todavía puede fijar el precio inicial que se le ocurra, ahí es donde falta regulación”, dice Muñoz, quien añadió que no hay “ningún tipo de voluntad” del gobierno en este punto.
Luciano Scatolini, secretario de desarrollo territorial del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, organismo gubernamental responsable de las políticas de vivienda, respondió que el estado ha intervenido en el mercado “durante mucho tiempo”, señalando el reciente congelamiento de alquileres y desalojos. Pero la medida no podía durar para siempre, dice. “No tenemos facultades para incidir sobre el precio del alquiler” más allá de eso.
Una estrategia más a largo plazo, agregó el secretario, es ayudar a quienes alquilan a adquirir sus propias viviendas a través de préstamos de bajo costo. Casa Propia es una iniciativa que ya está en marcha para ayudar a las personas argentinas de ingresos bajos y medios a construir o renovar casas. “Creemos que esa es una respuesta para muchas familias que alquilan hoy”, dice Scatolini.
Vanesa sueña con comprarse una casa. Pero los programas estatales actuales están fuera de su alcance: al que Scatolini se refiere se asigna por un sistema de lotería y quienes solicitan deben poseer una parcela de tierra.
“No hay políticas para los que estamos en el medio”, dice Vanesa, refiriéndose a quienes tienen trabajo pero no ganan lo suficiente para alquilar o pagar una hipoteca. “Para nosotros no hay nada”.
Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
María Cristina Santos, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
