Argentina volverá a considerar despenalizar el aborto

BUENOS AIRES, ARGENTINA — Agustina espera nerviosa a que el hospital le entregue el resultado de unos análisis. Finalmente la puerta del consultorio se abre y una doctora le confirma su temor: está embarazada.

No son la noticia que deseaba. Pero mientras piensa qué hacer, la médica la felicita y le dice que ya le sacó turno con el obstetra. Agustina le dice que no será necesario porque no tiene la intención de tener el bebé. La cara de la doctora se vuelve seria. Existen limitadas excepciones, pero generalmente el aborto en Argentina es ilegal.

Agustina, de 27 años, ya se había hecho un aborto cuando tenía 19 años. Entonces tenía dinero y pudo acceder a una clínica privada para el procedimiento. Esta vez no podía pagar, por lo que decidió acudir a la Consejería Pre y Post Aborto de la Asamblea de Villa Urquiza, una organización que ofrece talleres y asesoría.

“Cuando llegué me encontré con otras chicas que estaban en la misma situación que yo,” dice. “No nos podíamos mirar a los ojos de la vergüenza que teníamos”.

En Argentina abortan entre 360 mil y 500 mil mujeres al año y 100 mueren durante el proceso, según información de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una organización que lidera la campaña nacional de lucha para legalizar el aborto en Argentina.

Organizaciones civiles asesoran a las mujeres que desean abortar para que lo hagan sin poner en riesgo sus vidas, pero la ilegalidad y los altos costos de los medicamentos dificultan su trabajo.

Los militantes que trabajan para legalizar el aborto consideran que la opinión pública en Argentina ahora es más favorable para ampliar las circunstancias bajo las cuales las mujeres pueden logran un aborto legal. Esperan que un proyecto de ley que despenalizaría el aborto en las primeras 14 semanas de gestación sea aprobado en 2017. Presentado por 41 legisladores, el proyecto de ley tiene el apoyo de 350 organizaciones no gubernamentales.

Amnistía Internacional, una organización que investiga abusos a los derechos humanos, informa que decenas de miles de mujeres han sido internadas en hospitales públicos por complicaciones de abortos clandestinos en Argentina. De aproximadamente 53 mil mujeres internadas cada año, alrededor del 15% eran menores de 20 años, y alrededor del 50% eran mujeres de entre 20 y 29 años, según el grupo.

Aquellos que realizan abortos pueden afrontar entre uno y cuatro años de cárcel.  Las mujeres que abortan por su cuenta o que aceptan tener un aborto pueden recibir una sentencia similar. Existen exepciones: el aborto es legal en casos de violación, riesgo para la salud de la madre o si la mujer embarazada tiene discapacidad mental.

Socorristas en Red, la organización de la que forma parte la consultoría a la que acudió Agustina, acompañó y asesoró en su aborto a 2.894 mujeres durante el 2015.

“Cada mujer que viene cree que su problema es personalísimo, y en realidad es parte proceso social también”, explica María, miembro de la Consejería Pre y Post Aborto de la Asamblea de  Villa Urquiza, quien pidió que no se publicara su nombre for temor a ser procesada.

La tarea de la consejería es contener a las mujeres, asesorarlas sobre los métodos de aborto seguro y acompañarlas durante todo el proceso. Se atienden sus dudas y se ofrece información sobre síntomas, medidas de seguridad y profesionales de la salud en los que pueden confiar.

Al terminar el proceso, cada mujer llena una encuesta y  es asesorada sobre métodos anticonceptivos. Los datos de cada aborto ayudan a conformar una base de datos que se utiliza para asesorar todas las mujeres que se acercan a la consejería.

“El aborto es un tema sobre el que no hay mucho escrito,” dice María. “Nosotras construimos conocimiento sobre los síntomas y el proceso. Hay mucha criminalización y desinformación”.

Las mujeres que deciden abortar a menudo son estigmatizadas.

“A los 19 años, cuando aborté por primera vez, me echaron de mi trabajo”, recuerda Agustina, quien solicita que no se use su nombre completo. “Mi jefa se dio cuenta de que había abortado. Ella tenía siete hijos y era muy religiosa. Un mes después del aborto me echaron”.

Así que esta vez, Agustina no se lo contó a nadie y no pidió tiempo libre por temor a perder su trabajo de nuevo.

Favia, de 22 años, que también pidió que no se publicara su apellido, temía ser procesada si le decía a un médico que intentaba tener un aborto.

“El miedo también era tener que ir a un hospital y ver a un médico con miedo a que inicie acciones legales o tener que mentirle”, dice. “No sé como habría afrontado esa situación”.

Ella sólo compartió su decisión con su pareja.

“Te preocupa ser juzgada, señalada. Por eso yo no lo puedo contar, tengo miedo de contarlo”, señala. “No tenés que decirle a nadie, ni que estás embarazada ni que vas a abortar, porque vas a tener que lidiar para siempre con su prejuicio”.

Los médicos que realizan abortos dentro de los límites de la ley vigente dicen sufrir presión de sus superiores para que dejen de hacerlo, según Ana Paula Fagioli, médica y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que apoya a las mujeres que eligen el aborto.

“Nos dicen: Dejá de recetar Misoprostol con el recetario del municipio, no escribas en la historia clínica de la mujer,” dice Fagioli. “Buscan que nos auto clandestinicemos. Hay muchos compañeros que podrían garantizar el derecho al aborto y no lo hacen por miedo a perder su trabajo.”

Otro obstáculo es el costo de Misoprostol, la droga que la Organización Mundial de la Salud recomienda para abortos seguros.

Con receta médica, la droga cuesta entre 800 y 1500 pesos Argentinos (entre $51 y $96 dólares). Sin receta, los precios escalan hasta los 3000 pesos ($193 dólares), según Nahuel Torcisi, miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto.

“La crisis [económica] está haciendo que sea mucho más difícil acceder a la medicación”, Torcisi dice. “Las chicas generalmente hacen una colecta en el barrio”.

A mediados de 2016, la organización de la campaña nacional ofreció por sexta vez un proyecto de ley para la despenalización del aborto, sin éxito. Los militantes de esa organización consideran que tienen una mejor oportunidad este año.

Torcisi dice que ha estado haciendo campaña para legalizar el aborto por 11 años.

“En mis primeros dos años nos agredían en la calle, nos insultaban, nos han llegado hasta a tirar la mesa en la que teníamos apoyados los folletos”, dice. “Ahora ya no vemos esa reacción. Creo que la implantación del tema que fuimos haciendo tuvo mucho que ver”.

Julia Martino, miembro de la Comisión de Cabildeo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dice que el clima político actual en el Congreso va a ser más favorable para el proyecto de ley.

“El apoyo de la sociedad viene creciendo. Creemos que esta vez tenemos más oportunidades porque nadie tiene la mayoría en el Congreso, entonces van a tener que dabatirlo”.

Sin embargo, el diputado nacional Pablo Gabriel Tonelli, que se opone a la legislación que ampliaría los abortos legales, dice que no cree que el Congreso esté listo para legalizar el procedimiento.

“Es un tema difícil en el que aún dentro del gobierno no hay acuerdo”, explica, “De lo que estoy seguro es que desde el gobierno no va a haber ningún impulso para tratar este proyecto”.

Él compara el aborto con el asesinato, diciendo, “Considero que el aborto es un homicidio y no me parece que se lo pueda hacer tan alegre e impunemente”.

En cuanto a cómo prevenir que las mujeres mueran en abortos inseguros, Tonelli aboga por mejorar la educación sexual.  “No es que no me preocupe el tema de las muertes que hay con los abortos clandestinos, pero creo que la solución a eso es la educación y no la libertad para abortar”.

María, de la Consejería Pre y Post Aborto, considera que el asesoramiento y el cuidado de las que buscan un aborto es la mejor manera de evitar que las mujeres mueran.

“Nuestro accionar socorrista no es un mientras tanto, un hasta que se apruebe la ley, es un camino hacia lograr un aborto seguro, legal y feminista”, explica. “Queremos que las mujeres se sientan empoderadas.”

Para Torcisi, militante y consejero, permitir que las mujeres decidan terminar los embarazos es esencial para el progreso.

“La ley va a dar un parámetro más grande [al aborto legal] para que las mujeres puedan decidir que vida quieren llevar”, concluye. “Muchas veces lo que las traba es que el aborto sea ilegal”.

 

Lourdes Medrano, GPJ, translated this article from Spanish