Aunque algunos edificios de la península están protegidos por la UNESCO, el conjunto histórico carece de las estrictas normas sobre construcción y tráfico que suelen acompañar a la designación de Patrimonio de la Humanidad. Aquí, el peso de los vehículos rompe con frecuencia los adoquines, mientras que las vibraciones hacen que los edificios se hundan aún más en el suelo. Los túneles subterráneos, de 170 años de antigüedad, se derrumban poco a poco.

“En la calle San Sebastián, [en 2023] hubo 16 colapsos”, dice Andy Rivera, presidente y arquitecto fundador de Puerto Rico Historic Buildings Drawings Society, una organización dedicada a la recreación digital de edificios históricos.

En agosto de 2022, San Juan hizo su intento más reciente de hacer su centro histórico más amigable para los peatones: la administración municipal emitió una orden ejecutiva para establecer un Consejo Asesor sobre Alternativas Peatonales y Conservación Patrimonial del Viejo San Juan.

Y como en el pasado, la orden ha provocado protestas de los comerciantes del casco histórico, provocando tensiones con los conservacionistas, así como con algunos residentes — 6,383 personas viven en la zona histórica, según el censo de 2020.

“Las ciudades no fueron creadas para el auto”, dice Héctor Balvanera Alfaro, director del programa de Preservación Histórica de Patrimonio Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueño. “Y hay unas implicaciones en la infraestructura antigua y en la conservación de las mismas calles. San Juan no sería igual sin sus adoquines”.

Aunque el municipio de San Juan estipula límites de peso para los vehículos que circulan y estacionan en el área, los conductores a menudo los violan, dice Margarita Gandía, una residente que representa a la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan. “Ciertos camiones no pueden subir y no nos hacen caso”, dice.

Gandía, quien también forma parte del consejo asesor, espera que este último intento del gobierno por revitalizar el Viejo San Juan ponga fin a esos y otros problemas. “Porque somos lo que somos por estas murallas”, dice.

Pero no si Diana Font, residente y presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, logra hacer valer sus argumentos. En su opinión, la limitación de vehículos disuadirá a los clientes de visitar la zona, que ya sufre de escasez de estacionamiento gratis y zonas designadas para descargar mercancías.

“Ahora le vamos a quitar más ‘parking’ a los comerciantes para que los visitantes no puedan llegar al establecimiento”, dice Font, propietaria de uno de los estacionamientos del centro histórico.

Font es la representante de los comerciantes en el consejo asesor, compuesto de 11 personas, entre las cuales se encuentran funcionarios públicos, expertos en conservación y representantes de la sociedad civil. “Tienes a todo el mundo, que ninguno es comerciante, decidiendo los derechos de los comerciantes”, dice.

No es la primera vez que las autoridades puertorriqueñas intentan restringir el tráfico de vehículos en el Viejo San Juan, ni tampoco es la primera vez que los comerciantes intentan frustrar sus planes.

En la década de 1960 se encargó una investigación sobre la revitalización de la zona, que nunca llegó a ejecutarse. En 1986, se reactivaron planes similares, pero cuando las autoridades cerraron al tráfico las calles comerciales clave de San Francisco y Fortaleza, los comerciantes de la zona llevaron al gobierno municipal al tribunal, lo que obligó a las autoridades a reabrir las calles poco después. Otros intentos en las décadas de 1990 y 2000 nunca prosperaron.

¿Están justificados los temores de las personas comerciantes? Muchas investigaciones demuestran que la conservación de los centros históricos de las ciudades latinoamericanas estimula la actividad económica. De hecho, son los residentes, especialmente los inquilinos, quienes corren más riesgo de desplazamiento tras el repunte del valor de la propiedad que sigue a la revitalización. Según un estudio de 2021, los 32 centros históricos de América Latina declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han sufrido un proceso de despoblación desde que fueron declarados como tales, incluso cuando el comercio local ha estado en auge.

Las múltiples jurisdicciones encargadas del Viejo San Juan también obstaculizan la ejecución de un plan de conservación eficaz, afirma Pablo Ojeda, arquitecto restaurador y presidente del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico, una organización privada sin fines de lucro dedicada a la conservación y el estudio del patrimonio cultural.

Mientras que parte de las murallas que bordean la región, incluida la famosa Puerta de San Juan, es administrada por una entidad federal, la otra parte es propiedad estatal. “Una cuestión que es única, es una unidad que tiene dos dueños”, dice Ojeda. “La ciudad se tiene que administrar de una manera unitaria” para planificar el futuro de una zona histórica. Y los retos se agravan si se tiene en cuenta que Puerto Rico no es una nación soberana, añade Ojeda, por lo que los nombramientos de patrimonio deben ser solicitados por Estados Unidos.

Al momento de publicación, ni la oficina de prensa del municipio de San Juan ni la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial de la ciudad respondieron a las peticiones de comentarios.

Ojeda afirma que cualquier plan debe estar respaldado y justificado por un estudio socioeconómico más amplio. “A lo mejor Viejo San Juan no necesita peatonalizarse, lo que se necesita es control del tráfico, horas y días, mejorar la calidad de ofrecimientos”, dice.

De hecho, para Natalia Liz Flores, residente del Viejo San Juan, antes de peatonalizar habría que aumentar el volumen de transportación pública que va al centro histórico, algo de lo que estaría a favor. “Con los años, lo que veo es cada vez más complicado, aunque necesario”.