Residentes de Ciudad de México luchan por preservar sus barrios de la reurbanización

CIUDAD DE MÉXICO – Por primera vez en su vida, a sus 65 años, el empresario Enrique Pérez Cirera participó en una protesta. Dice que nunca había tenido un problema con el gobierno hasta junio, cuando descubrió que el tranquilo vecindario donde vive podía verse afectado por la construcción de torres de apartamentos.

Pérez Cirera vive en Lomas de Bezares, un barrio acomodado de la Ciudad de México, la capital del país. Allí, a una media cuadra de su casa, los carteles anunciaban la construcción de dos torres de apartamentos de 20 pisos cada una.

Hasta donde él sabía, en esa zona sólo se permitía la construcción de viviendas unifamiliares de hasta tres pisos, pero descubrió luego que se había presentado un pedido de modificación al uso de suelos para permitir la construcción de esos edificios.

Pérez Cirera cuenta que no quería que eso pasara y que no era el único. Junto a otros vecinos que pensaban igual se reunieron para investigar el tema. Recogieron firmas y presentaron quejas ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el organismo encargado de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana local.

Lo que está ocurriendo en la Ciudad de México no es algo excepcional, según destaca Alberto Martínez Flores, director de Atención a Grupos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En su opinión, el desarrollo urbano y las frustraciones que éste genera son cosas que ocurren a nivel mundial. El descontento de grupos de vecinos es parte del fenómeno, según dice. Algunos residentes culpan al gobierno por no detener el desarrollo, pero el cambio es lo que se impone en ciudades de todo el mundo.

“Yo no me iría a decir que es por la inactividad del gobierno”, dice en una entrevista telefónica.

Pero Pérez Cirera no ve esta gran reurbanización como un fenómeno global. Para él, es un flagelo que amenaza con destruir su amado barrio.

Pérez Cirera y sus vecinos protestaron en junio frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En otra ocasión bloquearon el paso en una avenida para manifestarse, según cuenta.

“Creo que esto crece del hartazgo”, dice. “Y entre más gente convocamos más gente se nos une”.

Los miembros de la Asamblea Legislativa votaron a principios de julio sobre modificaciones solicitadas al uso de suelos en 47 propiedades, incluyendo algunos proyectos cerca de la casa de Pérez Cirera. Sólo aprobaron seis.

Pérez Cirera considera que, pese a que hubo algunos cambios, la presión de los manifestantes influyó en que la legislatura no aprobara más.

“La única manera que puedes hacer que las autoridades vean que la ciudadanía está organizada es manifestándose”, dice. “Esa es la única manera, no hay otra”.

Pérez Cirera es una de muchas personas en toda la Ciudad de México que se están organizando y protestando contra cambios del uso de suelos en sus vecindarios.

Activistas señalan estos cambios fueron posibles por modificaciones hechas en 2010 a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a partir de las cuales cualquier persona puede solicitar cambiar el uso de suelo de cualquier predio en toda la ciudad. Anteriormente, los posibles cambios estaban más restringidos.

Estas modificaciones facilitaron la posibilidad de alterar los usos de suelo e incorporaron figuras legales para permitir construcciones por encima de lo establecido en los programas de desarrollo urbano locales. Estas figuras se han usado, por ejemplo, para construir edificios de oficinas en zonas residenciales, o comercios en zonas donde no está permitido según estos programas.

Los grupos de ciudadanos han venido protestando contra los permisos de zonificación y construcción durante décadas, según dice la diputada local Margarita María Martínez Fisher.

Sin embargo, la ley de 2010 marcó una nueva etapa en la organización vecinal, según añade la diputada, también presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa.

“Con la nueva ley la gente se empezó a dar cuenta de cómo estaban las cosas y empezó a ver los efectos (del desarrollo inmobiliario) y esto es lo que ha generado ahora una movilización específica para cambiar la ley”, dice en entrevista telefónica.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes de ordenamiento territorial, ha venido recibiendo cada vez más quejas ciudadanas por año por afectaciones al uso de suelo.

De 2010 a 2011, las quejas aumentaron en casi un 50 por ciento, de 546 a 816. Este año, hasta octubre se registraron 1.172 denuncias.

Estas quejas son un ejemplo del tipo de acciones que la gente ha realizado a lo largo de toda la ciudad.

Entre estas acciones se cuenta también ahora la movilización de miembros de las clases media y alta, que no solían salir a las calles a reclamar por problemas relacionados con el desarrollo urbano, según señala Susana Kanahuati Reyes, habitante del barrio San Ángel, en el sur de la ciudad.

Kanahuati Reyes, de 48 años, dice que comenzó a protestar contra los cambios en el espacio urbano hace tres años, cuando se percató de que se pretendía construir un edificio de 20 pisos en una zona en la que antes esto estaba prohibido. Se sentía molesta por el hecho de que el gobierno permitiera una obra así en su barrio. San Ángel es reconocido como sitio histórico y patrimonial por la conservación de edificios, parques, tradiciones y costumbres de más de 400 años, lo que la convierte en uno de los barrios más importantes, tradicionales y pintorescos de la Ciudad de México.

Con sus crecientes contactos, Kanahuati Reyes empezó a generar enlaces entre los distintos grupos de vecinos que ya existían para darle fuerza a la lucha, según cuenta. Actualmente, forma parte de un grupo llamado Vecinos Unidos, que opera como enlace de otras agrupaciones.

Kanahuati Reyes explica que el movimiento vecinal se concentró primero en presentar los reclamos de los ciudadanos ante el gobierno, y que ahora trabaja llevando estos temas a los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, además de organizar protestas públicas.

Josefina Mac Gregor Anciola, de 59 años, dice que ha venido trabajando desde hace 13 años para evitar cambios en el uso de suelos en San Ángel. Remarca que cinco generaciones de su familia han vivido ahí.

Mac Gregor Anciola reconoce que este movimiento de vecinos le ha cambiado también la idea que tenía sobre la gente que participa en protestas públicas.

“Tú decías ‘Ay mira esos que protestan ¡qué barbaridad!’”, dice. “Pero quizá en tu vida nunca te habías topado con algo que legitimara el que tú hicieras eso, y de pronto tienes una causa que es legítima, una causa que estás viviendo, algo por lo que tienes que pelear”.

Cuenta que en 2002, empezó a reunirse con otros vecinos cuando notaron la existencia de lo que ellos consideraban que eran construcciones ilegales. Tras revisar la ley, presentaron quejas ante el gobierno contra las construcciones y las empresas inmobiliarias y lograron así detener algunos de los proyectos.

A partir de eso, cuenta que ella y sus vecinos crearon un grupo de asesoría para informar a otros grupos acerca de las herramientas legales que existen para evitar construcciones irregulares.

Para 2010, había ya muchos grupos de vecinos similares, según dice Mac Gregor Anciola.

Hace tres años, el grupo de vecinos tomó forma en una organización llamada Suma Urbana. Mac Gregor Anciola dice que, a través de este grupo, ha hecho contacto con unos 200 grupos de vecinos por distintos medios, incluyendo las redes sociales.

Si las personas de clases media y alta no se movilizaban anteriormente era porque no tenían necesidad de hacerlo, según señala Angela Giglia Ciotta, profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y especialista en antropología urbana y vivienda. Los movimientos urbanos solían protagonizar luchas por la vivienda de los sectores más desprotegidos, pero ahora los sectores medio y alto ven amenazada su calidad de vida ante la proliferación de construcciones, según afirma.

“Podemos pensar que alrededor de problemas concretos, se den alianzas de sectores altos y de sectores populares en torno a temas concretos”, dice. “Cuando hay una amenaza clara es cuando se generan alianzas que en otras circunstancias serían impensables”.

Lorena Zamora González, de 45 años, es otra de las vecinas que se han organizado para defender el espacio urbano.

Pero a diferencia de Pérez Cirera, Mac Gregor Anciola o Kanahuati Reyes, ella vive en Ajusco, un barrio en el sur de la ciudad marcado por la carencia de servicios e infraestructura.

Zamora González considera que la participación de personas de clases media y alta no es únicamente porque éstas vean tocados sus intereses, sino también porque se han concientizado acerca de que el desarrollo inmobiliario es un problema que afecta a toda la ciudad.

“El gobierno ha sido muy ambicioso”, dice. “Y por querer hacer proyectos por todos lados, ha hecho que los pocos ciudadanos que hay en cada parte, que se han preocupado por todo esto, nos hayamos unido”.

Ella y sus vecinos en Ajusco se oponen al desarrollo de la llamada “Ciudad del Futuro”, un proyecto del gobierno de la ciudad, en el marco del cual éste ha identificado el potencial de desarrollo urbano en determinados barrios y áreas.

Zamora González dice que ella y otros vecinos temen que si aumenta la densidad de población en su barrio, se verán afectados los servicios, como suministro de agua, recolección de basura y limpieza de la vía pública. Además temen el encarecimiento de los impuestos a la propiedad.

Para Giglia Ciotta, la existencia de grupos vecinales se debe, en parte, a la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y las leyes.

En este sentido, dice que, a veces, las leyes se manipulan y se crean reglamentos ad hoc para poder llevar a cabo operaciones de especulación inmobiliaria.

Los vecinos se organizan cuando no pueden encontrar otras formas de defender sus espacios urbanos, según señala.

Martínez Flores, el citado funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, asegura que el gobierno está abierto al diálogo con los grupos de vecinos y afirma que las autoridades ya han sostenido varias reuniones con diferentes agrupaciones.

En septiembre, entró en funciones una nueva legislatura de la ciudad y es la tercera vez en 18 años que el partido en el gobierno no tiene mayoría. Martínez Fisher sostiene que la creciente diversidad en el congreso permitirá la generación de políticas de desarrollo urbano más inclusivas.

“Va a haber mucho mayor participación de colectivos urbanos, no sólo de las zonas residenciales”, dice en entrevista telefónica. “Va a venir una nueva etapa de movimientos y colectivos urbanos que van a presionar con mucha mayor eficacia a la asamblea, porque ahora la asamblea no tiene alguien que la domine”.

En los últimos meses, los grupos de vecinos han aumentado sus acciones.

El 25 de agosto, grupos de vecinos, entre los que se contaba Suma Urbana, organizaron un foro en el que presentaron 45 casos de problemas relacionados con obras irregulares o cuya construcción está afectando a los vecinos. Invitaron a delegados y legisladores para que escucharan sus historias.

El 27 de octubre, frente al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal –encargado de sancionar irregularidades en el uso de suelo- organizaron una “Jornada de Salud Visual”, para ayudar a los funcionarios a ver obras irregulares que no han sido sancionadas. Fue una forma sarcástica de denunciar la inacción del instituto, según aclararon miembros de Vecinos Unidos.

“Lo que intentamos es que la participación ciudadana sea muy bien fundamentada legalmente, con una preparación diferente y con una propuesta, y eso es en lo que nos hemos concentrado”, dice Mac Gregor Anciola.

Martínez Fisher y Martínez Flores no tienen lazos parentales.

Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de la versión en inglés.