GUADALAJARA, MÉXICO — Ataviado en un traje blanco bordado en colores y símbolos que representan el universo de lo sagrado, Mario Muñoz Cayetano, de expresión afable y mirada profunda, habla sobre la importancia de un decreto presidencial para la protección legal de territorios sagrados.
“Para nosotros la naturaleza es una iglesia grande, grandísima, pero no necesitamos cemento, ni una construcción para respetarla. Un cerro, una cueva, un ojo de agua, un río, rocas, montañas … para nosotros son templos”, dice Muñoz, presidente emérito de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C., una organización integrada únicamente por los Wixaritari, que vela por la conservación y protección de los sitios sagrados.
Pero la lucha por resguardar estos lugares sagrados del pueblo Wixárika continúa, frente a las amenazas de proyectos extractivos y una falta de ejecución en las protecciones que ya existen. Un decreto firmado en agosto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría ser el comienzo de un nuevo esfuerzo legal para preservar estos sitios sagrados.
Datos oficiales indican que 23.2 millones de personas en México pertenecen a pueblos originarios. Muñoz pertenece a la nación Wixárika, uno de los 71 pueblos originarios del país, situado al occidente de México. Los Wixaritari, como se les conoce a las personas que integran la nación Wixárika, hablan uno de los idiomas más antiguos de Mesoamérica, con más de 60,000 exponentes distribuidos principalmente en los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Habitan en territorios de tenencia colectiva. Conservan una organización social y política propia, así como su indumentaria tradicional que es parte de su identidad.
La leyenda de la comunidad Wixárika cuenta que las deidades que formaron la tierra salieron de Tatéi Haramára (el océano Pacífico) de donde surge la vida, y durante su trayecto se convirtieron en montañas, cuerpos de agua, viento, fuego — todo lo que permite la vida en el planeta — y crearon el mundo. Los sitios donde se detuvieron se convirtieron en templos naturales donde los Wixaritari acuden para orar desde tiempos ancestrales. Al trazar una línea entre estos cinco principales lugares sagrados se forma la Geografía Sagrada, una imagen importante para los Wixaritari, conocida en español como “el ojo de Dios”.
Una investigación realizada por la Universidad del Estado de Arizona señala que “el paisaje Wixárika es mucho más que un entorno para extraer recursos económicos; es, sobre todo, una morada, una entidad social cuyos elementos actúan conscientemente y, además, una fuente clave de la identidad social”.
En 1991, entró en vigor en México el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En el convenio, el Estado se compromete a adecuar su legislación y desarrollar acciones para respetar y salvaguardar las tierras y territorios de los pueblos originarios que tienen en posesión y las tierras que utiliza para fines culturales o de sobrevivencia.
A pesar del compromiso adquirido bajo el Convenio 169 de la OIT, conforme pasa el tiempo, los Wixaritari cada día se preocupan más por la conservación de la naturaleza.
La colonización actual de los territorios sagrados por proyectos mineros, turísticos, agroindustriales y otros, llevó a la nación Wixárika a la capital del país en marzo de 2022 para hablar con López Obrador. Ahí se planteó la inminente necesidad de activar nuevos mecanismos legales para la conservación de sus territorios sagrados.
Atendiendo al llamado, el gobierno federal solicitó al pueblo Wixárika la elaboración de un Plan de Justicia donde se incluyó una propuesta de decreto presidencial para la protección de los cinco principales sitios sagrados — los cuales se relacionan con los cuatro puntos cardinales y el centro — situados en los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y San Luis Potosí, que junto con Zacatecas, integran la Geografía Sagrada. A la propuesta se sumaron las comunidades de O´dam, Náyeri y Mexikan, quienes comparten hábitat y territorio sagrado con los Wixaritari.
El decreto, firmado por López Obrador el 9 de agosto, reconoce más de 384 hectáreas sagradas. Y el artículo cuarto establece que los sitios sagrados y sus rutas de peregrinación “no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras industrias que los afecten o deterioren”.
Al respecto, Jorge Luis Marín García, experto en sustenabilidad y desarrollo comunitario y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, explica que es importante que los pueblos originarios tengan certeza jurídica para poder decir que el Estado mexicano reconoce plenamente sus derechos. La visión de la nación Wixárika y de los pueblos originarios de México y del mundo se encuentra relacionada con entender el planeta como una gran casa y si no se cuida, se termina, añade.
Por su parte, Othón Yaroslav Quiroga García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nayarit, explica que la institución participa en la elaboración de la ruta Wixárika basada en los cinco principales lugares sagrados. Se pretende presentar la ruta ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y elevarla a patrimonio de la humanidad.
Desde el aspecto instrumental se elaboró un catálogo de sitios sagrados donde se propone incluir planes de manejo y una guía nacional, “para que las obras de infraestructura en estos lugares sagrados resulten con pertinencia cultural y con respeto a sus derechos”, como sucede actualmente con los sitios arqueológicos en México, explica Quiroga.
Maximino González Salvador, encargado al momento de la entrevista de la oficina del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Nayarit, una agencia federal, comenta que el gobierno federal evalúa la posibilidad de indemnizar o incluso de expropiar los territorios sagrados, en caso de que la propiedad se encuentre en posesión de privados.
La elaboración de la propuesta del decreto no fue sencilla; durante un año los Wixaritari, acompañados de diversas instituciones gubernamentales — la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras — han identificado, caracterizado y georreferenciado cada uno de los lugares sagrados.
Durante los recorridos, Concepción Miguel Martínez, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas durante la elaboración del Plan de Justicia, comprendió que Wixárika es un pueblo milenario que diseñó rutas de peregrinaje que podían durar un mes, saliendo de lo que ahora es el estado de Jalisco hasta llegar a San Luis Potosí. “Con el tiempo estos viajes se han hecho imposibles por la posesión de las tierras porque se han construido cercos, instalaciones privadas que ya no permiten transitar libremente, fragmentando las rutas de peregrinaje”, dice.
“Ancestralmente nuestros límites territoriales marcaban hasta Durango, Monterrey, Estado de México, Colima, Sinaloa. Eso nos pertenece, pero no lo tenemos, nos lo quitaron”, dice Muñoz, el presidente emérito de la Unión Wixárika.
Para el pueblo Wixárika, el problema viene desde la colonia, cuando los colonos se adjudicaron la propiedad de la tierra resguardados por la Corona española. Posteriormente la Iglesia católica se apropió de la tierra y después el Estado mexicano, quien, a través de instituciones como la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorga la posesión a terceros.
Tatéi Haramára, el lugar sagrado que representa el origen del mundo, conocido por personas de otros orígenes como la Isla del Rey, situada frente al embarcadero del puerto de San Blas, en Nayarit, fue cedido a un grupo de personas de ascendencia europea que viven en San Blas a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relata Puwari-Álvaro Ortiz López, asesor cultural de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales.
En enero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales arribó a la isla de Tatéi Haramára para medir el área solicitada para el decreto, pero la propuesta original no se respetó, dice Ortiz.
“Estaban midiendo solamente una franja de la isla y les pregunto: ‘¿Por qué vienen a medir una franja si la propuesta en el Plan de Justicia es que por lo menos nos devuelvan toda la isla?’”, dice Ortiz, siendo que hay otras islas que también consideran sagradas pero no estarán incluidas en el decreto. Ante su cuestionamiento, cuenta Ortiz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respondió que ese fue el acuerdo que se hizo entre instituciones. Ortiz explica que se han presentado problemas similares en cada uno de los lugares sagrados.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no concedió una entrevista a Global Press Journal.
Para los Wixaritari el punto álgido del tema se encuentra precisamente en la respuesta que dicen proporcionó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, las decisiones se toman justamente a partir de acuerdos entre instituciones y sin atender el planteamiento de la nación Wixárika, dice Ortiz.
“No coincidimos con el Estado mexicano, quienes crean leyes donde no prevalece la justicia, generando injusticia para los pueblos originarios”, dice Ortiz. “Crean leyes que los hacen creer que son los dueños”.
En el decreto para Tatéi Haramára fueron reconocidas poco más de 30 hectáreas. La isla en total es alrededor de 98 hectáreas.
A finales de agosto, durante la instalación de la comisión presidencial responsable de garantizar los derechos reconocidos en el decreto, Virginia Flores, representante del pueblo O´dam, dirigiéndose a la secretaria de gobernación, recordó que hay un tema pendiente: la reforma a nivel constitucional pide que se “impulse y se haga realidad”.
Para los pueblos originarios, cuestionar el rol del aparato de Estado trasciende el momento actual porque en general, la Constitución mexicana se considera rezagada frente a países como Ecuador, donde en 2008 se elevaron a rango constitucional los derechos de la naturaleza.
“Tatéi Yurienaka no es ninguna diosa”, dice Ortiz, usando el nombre que utiliza la nación para referirse a lo que en otras culturas se podría entender como naturaleza. “Es nuestra madre naturaleza y como madre, tiene derechos”.
