Editorial Team
Publication Date
September 18, 2023
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Una vela encendida y la escultura de una mujer embarazada se muestran en una mesa durante una capacitación para doulas en Buenos Aires.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Ruth Micaela Vilchez llegó al hospital con un embarazo saludable y a término, después de que su médica le recomendara inducir el parto por leves molestias. Tras internarse, no se le permitió estar acompañada. Luego, las parteras le dijeron que el bebé era demasiado grande y que no estaba bien acomodado, por lo que pidieron que se realizara una cesárea; el obstetra se negó.
Vilchez estuvo en labor de parto cinco horas. Llena de dolor, pidió una cesárea. En lugar de eso, dice, los doctores decidieron empujar con fuerza su panza mientras ella pujaba.
El llanto pausado de su hijo Joaquín le indicó que, desde el primer momento, algo andaba mal.
Tuvo a su bebé en brazos menos de un minuto y rápidamente fue llevado a neonatología. Al día siguiente, de nuevo sola, le informaron a Vilchez de la muerte de su hijo.
Vilchez entró al hospital con un embarazo sano y salió con un bebé muerto, una infección urinaria sin atender que dice casi la mata, y secuelas psicológicas severas.
“No me recupero todavía. … No logro hallar una estabilidad. Yo tenía un sueño y un plan de vida que me lo quitaron”, dice Vilchez, a un año de su experiencia.
El de Vilchez no es un caso aislado. En Argentina, la violencia obstétrica está presente en el 80% de los partos, según estimaciones de la campaña nacional contra la violencia obstétrica «Mi parto, mi decisión». Esta violencia es aquella que el personal de salud ejerce sobre el cuerpo y sobre los procesos reproductivos de las personas gestantes durante el embarazo, parto y posparto.
Se manifiesta en prácticas, conductas, acciones y omisiones ― directas o indirectas ― del personal de salud, que resultan en situaciones de violencia, humillación y vulneración de derechos tanto contra la persona gestante como la recién nacida, según la definición gubernamental argentina.
Atendiendo a esta situación, en los últimos 10 años creció la oferta de servicios de doulas y puericultoras, dice Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña. Dicho personal acompaña el parto y puerperio desde una perspectiva de derechos y bienestar de quien va a parir. Sin embargo, acceder a estos servicios es un privilegio de clase. Debido a que las doulas y puericultoras no son reconocidas como profesionales de la salud, las prestadoras de salud no cubren sus servicios y solo acceden a ellas quienes saben de su existencia y pueden pagarles.
Organizaciones sociales, puericultoras y doulas buscan universalizar el acceso a un parto respetado mediante proyectos de ley que incorporen el acompañamiento pre y posparto en el sistema de salud y creen capacitaciones obligatorias sobre violencia obstétrica para todo el personal de salud.
La Ley de Parto Respetado, sancionada en 2004, establece una serie de derechos para las mujeres y personas gestantes. Entre ellos: que se respeten sus tiempos y decisiones, estar acompañadas, no separarse de su bebé (a menos que requiera cuidados especiales), y recibir información y asistencia sobre amamantamiento y cuidados tanto personales como del recién nacido.
Pero la ley no impone penalidades. Entonces, frente al incumplimiento, no hay sanciones concretas, explica Arcidiácono, quien también es doula.
“Uno de los grandes problemas … es que hemos naturalizado muchas prácticas. Muchas mujeres sufren violencia obstétrica y ni siquiera pueden tomar conciencia”, detalla.
A Nadia Ramirez, abogada y madre de un niño y una niña, le tomó meses procesar que el maltrato que sufrió durante el parto y posparto de su primer hijo fue violencia obstétrica.
Durante su primer embarazo, su obstetra indujo el parto para que coincidiera con el día en que él trabajaba en el hospital y forzó un parto vaginal, dice Ramirez. Ella recuerda que estaba tan anestesiada que se le dificultaba pujar con dirección y tuvieron que sacar a su hijo a la fuerza. Luego, una residente cosió la herida del parto. Le dieron el alta, pero el dolor no aflojaba; la lesión se había infectado y tuvo que volver al hospital.
Pese a sus súplicas, no le dieron anestesia total para hacer las curaciones y tuvo que soportar comentarios machistas del médico mientras cosía la incisión en su vulva, dice.
“[Con] el tiempo, empecé a caer en la cuenta de lo que había pasado. Es un trauma muy fuerte. La psicóloga me dijo que lo que me pasó se asimila al trauma de un abuso sexual”, dice Ramirez.
Pasar por esa experiencia afectó su vínculo con su hijo, con su pareja y con su propio cuerpo, por lo que cuando más adelante se enteró de que estaba embarazada de su hija, buscó apoyo de una doula. Necesitaba que ese parto fuera diferente.
Su doula la contuvo emocionalmente durante todo el proceso, le acercó información y la ayudó a planificar y decidir en qué hospital y con qué equipo de profesionales se iba a atender. Juntas armaron un plan de parto especificando cuáles prácticas quería recibir y cuáles no.
Y, efectivamente, su segundo parto fue muy distinto. Ramirez llegó al hospital con dilatación completa y dio a luz antes de que siquiera le llegaran a poner el suero. A los minutos de parir, ya se sentía animada, tenía hambre y ganas de levantarse, explica.
“Espero que todos puedan tener una doula. Voy a estar agradecida toda la vida con ella”, dice Ramirez.
Aunque ese deseo está lejos de ser una realidad, existen intentos para ampliar el acceso a los servicios de doulas y puericultoras. La Asociación Civil Argentina de Puericultura financia el sueldo de puericultoras que trabajan en centros de salud con los que tienen convenio, pero su capacidad es limitada, dice su directora de servicios, la puericultora Julieta Saulo.
Con las doulas pasa algo similar. El acompañamiento puede costar entre 100,000 y 200,000 pesos argentinos (unos 286 y 572 dólares estadounidenses), explica Julia Gentile, doula y co-fundadora de la escuela de doulaje Fecunda Doulas. Si bien buscan ser flexibles para que las familias no se queden sin acompañamiento, el dinero no es la única barrera.
“Hay personas que igual no llegan porque ni llegan a la información”, dice Gentile.
Gentile también acompañó la búsqueda de justicia de quienes sufrieron violencia y dice que los procesos obligan a la persona a recordar la experiencia. Pero está convencida de que las denuncias y los reclamos a los centros de salud contribuyen a que, de a poco, la situación cambie.
Laura García Vizcarra, coordinadora de Abordaje de la Violencia contra la Libertad Reproductiva del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, admite que las líneas de denuncia actualmente no pueden brindar soluciones inmediatas.
“Una de las cosas con las que realmente tenemos que trabajar, además de hacer cumplir la ley, es la generación de un circuito ágil para atender las denuncias y asistir de manera oportuna a quienes están en esta situación”, dice García Vizcarra.
La coordinadora explica que desde el ministerio están capacitando al personal de los Centros de Acceso a la Justicia – oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita – para que sean espacios seguros de denuncia y que pronto incorporarán contenidos sobre violencia obstétrica a las capacitaciones obligatorias sobre violencia de género que brindan al personal del poder ejecutivo, judicial y legislativo del estado. También dice que dicho ministerio no tiene capacidad de incidir sobre la formación del personal de salud.
En respuesta por escrito, Juliana Finkelstein, directora de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud, informó que en octubre de 2020 se creó un equipo dedicado a prevenir la violencia obstétrica e intervenir inmediatamente ante las denuncias.
Este grupo invita a los equipos perinatales de las instituciones involucradas a que participen en talleres de capacitación en torno a derechos y buenas prácticas para la atención del embarazo, parto, nacimiento y puerperio, dice Finkelstein.
Finkelstein señala que también prevé acciones para capacitar y sensibilizar a efectores de salud, así como programas provinciales de salud.
En contraste con la invitación que hace el ministerio, Arcidiácono insiste en que la formación para prevenir la violencia obstétrica debe ser obligatoria para todo el personal de salud.
Por su parte, Vilchez sigue trabajando con apoyo psicológico y psiquiátrico, para recuperarse de lo que vivió y luchando por vía judicial para que haya cambios en el hospital.
“Lo que más me motiva, además de conseguir justicia para Joaquín, es visibilizar lo que pasó y que no pase más”, concluye.
Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
