BUENOS AIRES, ARGENTINA — Cuando parte de una de las piernas de Roxana Itatí Godoy fue amputada tras un accidente, su primer pensamiento fue que haría lo que fuera para poder caminar de nuevo.
Apenas comenzó el proceso para obtener una prótesis a través de su seguro de salud privado (u obra social, como es llamado en Argentina) supo que no sería fácil.
“Había mucha burocracia, el médico de la obra social me iba a ver al hospital donde estaba internada y me levantaba la frazada para ver si realmente me faltaba la pierna, me investigaban”, dice.
Tras meses de papeleos, la pusieron en una lista de espera de por lo menos por un año y medio para recibir la prótesis.
“Demoran un montón de años en habilitártela”, dice Godoy, quien tiene 41 años.
“Ya estaba pensando en deshacerme de (vender) algunas cosas y pedirle ayuda a mi suegro para ver si la podíamos comprar, pero son muy caras”.
Afortunadamente, Godoy supo que un centro de salud cercano había habilitado un taller que hacía prótesis y las entregaban gratuitamente.
“El mismo día volví a mi casa con mi prótesis, salí caminando con muletas”, dice. “Tuve mucha suerte, si no fuera por ellos capaz que ahora no estaría caminando”.
Debido a las dificultades, los procedimientos y el tiempo que toma obtener una prótesis gratis a través del sistema de salud, algunas organizaciones buscan soluciones alternativas para entregarles prótesis a las personas que las necesitan. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), una agencia federal argentina, creó un sistema para abrir talleres de prótesis de bajo costo en centros de salud públicos, mientras que la organización no gubernamental Amputados Sin Fronteras recicla prótesis y ofrece consejería legal para que las personas puedan obtener reembolsos de su seguro social.
Ahora hay siete talleres de prótesis y órtesis que operan gratuitamente en Argentina. El Inti planea abrir entre cinco y siete nuevos talleres este año y el Ministerio de Salud creará 10 más. Los talleres actualmente están en Santo Tomé, Corrientes; Río Grande, Tierra del Fuego; 9 de Julio y Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires; Río Gallegos, Santa Cruz; y en algunas áreas de las provincias de Catamarca y Mendoza.
“Buscamos que la gente pueda volver a hacer lo que hacía antes y desmitificar que hace falta mucha tecnología o un taller de 400.000 dólares para lograrlo”, dice Daniel Suárez, un experto en prótesis que trabaja en el Inti.
Suárez y su equipo han logrado reemplazar las máquinas que hacían las prótesis con un horno para pizzas, una bomba de vacío y herramientas comunes que realizan la misma función pero cuestan 60 veces menos. Esto redujo el costo de establecer un taller de prótesis a 3100 dólares, dice, cuando normalmente cuestan entre 200.000 y 400.000 dólares.
“El problema es que el tema de las prótesis se maneja comercialmente, tienen mucho sobreprecio”, dice Suárez, quien visita todos los meses los talleres del Inti que fabrican prótesis para capacitar al personal y revisar cómo están las prótesis de las personas que ya fueron equipadas. “A mí me importa la integración del paciente, que pueda ser independiente y socializar”.
Un taller puede hacer prótesis debajo de la rodilla por 654 dólares, lo que en el mercado cuesta 1300 dólares, dice Suárez.
Laura Gonzáles Arroyo, una abogada que fundó Amputados Sin Fronteras en Argentina, después de que un ortopedista la estafara, dice que la falta de aparatos ortopédicos crea dificultades y aparta a la gente del resto de la sociedad. Cuando pierden la movilidad, se sienten excluidos y pierden independencia, dice.
“Las coberturas de salud y el estado tienen la obligación de cubrir la prótesis pero no lo quieren hacer por sus altos costos”, explica. “Nosotros tratamos de ayudar a equiparse a los que se atienden en los hospitales públicos, a los demás los asesoramos para que sigan el reclamo con las obras sociales”.
Susana Sequeiros, doctora y directora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), un organismo público que busca proteger los derechos de las personas con discapacidad, dice que es importante que las personas puedan tener un acceso rápido a los aparatos.
“Si vos estás trabajando con una persona amputada, la persona tiene que pasar por la rehabilitación y aprender a caminar con el elemento; si no tengo el elemento, la prótesis, lo que logro es que el proceso se vaya alargando”, dice.
La Comisión trabaja de cerca con Inti para crear una red federal de centros de rehabilitación y talleres de prótesis y órtesis.
“Poder tener talleres a nivel local que tomen regiones facilita que el trámite y el acceso sea mucho más rápido”, dice Sequeiros. “La idea es poder armar una red para que los recursos que tenemos sean eficientes, pensando fundamentalmente en lo que le implica a la gente tener que movilizarse para hacer los trámites y equiparse”.
Joaquín León Sánchez, de 27 años, perdió sus piernas cuando tenía ocho. Ya que vivía en el campo boliviano con su familia y a sus padres era imposible pagar por prótesis, se mudó a un orfanato para niños con discapacidad, donde recibió aparatos y rehabilitación. Pero las prótesis se gastan y se rompen. Ya de adulto, enfrentándose a lo difícil que es comprar un aparato nuevo, Sánchez decidió mudarse a Argentina.
“Para mí lo ideal era encontrar lo más rápido posible un trabajo para tener una obra social y sacar la prótesis, pero tener prótesis te complica un poco conseguir trabajo”, dice Sánchez. “No podés hacer trabajos físicos pesados”.
Luego supo que el gobierno argentino les ofrecía prótesis a personas sin seguro social y comenzó el papeleo en 2014. En 2015, Amputados Sin Fronteras lo equipó y, en enero de 2017, León Sánchez completó el proceso con el estado y obtuvo sus nuevas prótesis. Conseguir los documentos fue lo que tomó más tiempo.
“Mucha gente se cansa porque las obras sociales no les dan las prótesis fácil, luchando se puede conseguir pero es muy trabajoso el trámite”, dice Sánchez. “Para una persona que acaba de sufrir un accidente y recién se está habituando, no me quiero imaginar lo difícil que debe ser”.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.